El Gobierno reduce a tres meses el plazo legal de respuesta a las solicitudes de dependencia

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que reduce de seis a tres meses el tiempo máximo legal en el que las comunidades autónomas deben responder a las solicitudes de prestaciones del Sistema de la Dependencia. La medida busca acortar las esperas, uno de los principales problemas del sistema: a 30 de septiembre, la espera media en España era de 293 días, más de nueve meses, con Murcia a la cabeza, con 529 días, mientras que Aragón, con 109 días, es la comunidad con una gestión más ágil.

Según el Ejecutivo, la norma pretende armonizar y agilizar los tiempos de respuesta y reducir las amplias listas de espera, en un momento en que estas se reducen progresivamente pero siguen siendo elevadas. El decreto consolida además el nuevo modelo de financiación aprobado con la reforma de la ley de dependencia y discapacidad, y garantiza que la inversión estatal alcance en 2027 la cifra histórica de 7.240 millones de euros entre el nivel mínimo y el nivel acordado. Con ello, la aportación de la Administración General del Estado llegaría al 50% de la financiación total en dependencia, tal como se comprometió en la reforma.

El real decreto-ley también modifica la regulación de la teleasistencia, que pasa a reconocerse como servicio universal, independientemente del grado de dependencia, y se prestará las 24 horas del día, todos los días del año, de forma compatible con el resto de servicios y prestaciones del sistema. Asimismo, amplía la definición del servicio de ayuda a domicilio para que pueda prestarse fuera de la vivienda y admite que sea compartido entre varias personas usuarias, sin que ello reduzca la intensidad individual reconocida.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta fórmula permite compartir la ayuda a domicilio entre varias personas, algo que considera importante en ámbitos rurales o para quienes viven en un mismo edificio. Bustinduy defendió que el decreto consolida la refundación del sistema de dependencia, un cambio en el modelo de cuidados y una inyección de fondos inédita.

El Ejecutivo aspira a que el real decreto-ley sea convalidado por la Diputación Permanente del Congreso antes de las elecciones, para evitar que decaiga. Esta noticia tiene un alcance estatal que afecta también a las personas en situación de dependencia y a sus familias en la provincia de Córdoba, aunque el texto no recoge datos específicos de la comunidad andaluza ni de la capital.

Información elaborada a partir de Diario Córdoba.