El Gobierno retoma con Junts el decreto de vivienda tras un desahucio
El Gobierno negocia con Junts el decreto de vivienda tras un desahucio en Madrid y busca apoyos para incluir medidas de protección habitacional.
El Gobierno ha reactivado las negociaciones con Junts para sacar adelante el decreto de vivienda, después del desahucio en Madrid de una mujer de 87 años sin alternativa habitacional. El Congreso rechazó en dos ocasiones textos que incluían medidas contra los desahucios, y Junts sumó sus votos a PP y Vox en la última votación.
Fuentes del Ministerio de Vivienda y de Junts confirman el intercambio de propuestas. La formación de Carles Puigdemont asegura que el PSOE está estudiando sus iniciativas y espera una respuesta en las próximas horas. Junts sostiene que sus planteamientos pueden reunir los apoyos necesarios para aprobar el decreto.
La negociación genera distintas posiciones entre los aliados del Gobierno. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, considera un “error” que Junts establezca los límites en materia de vivienda, mientras que EH Bildu admite la complejidad de la aritmética parlamentaria y acepta estudiar medidas que no comparte para sacar adelante el real decreto-ley.
Sumar reclama que el decreto se apruebe el próximo martes en el Consejo de Ministros, junto a las medidas anticrisis. Los ministros Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun han exigido que la norma llegue “ya” al Congreso e incluya la suspensión de los desahucios. Pedro Sánchez, sin embargo, no ha fijado una fecha y ha reclamado también el compromiso del Parlamento.
El Ministerio de Vivienda precisa que se negocia una solución estructural y no exactamente una moratoria temporal. El borrador planteaba que un juez pudiera mantener suspendido un desahucio cuando una persona vulnerable no tuviera alternativa habitacional y las administraciones no hubieran ofrecido una solución.
La propuesta diferenciaba entre grandes propietarios y pequeños caseros, e incluía mecanismos de compensación y la intervención de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El debate afecta al conjunto de España y también resulta de interés para Córdoba por las consecuencias que una eventual reforma tendría sobre los procedimientos de desahucio y la respuesta de las administraciones públicas.
Información elaborada a partir de Diario Córdoba.