El Supremo mantiene vetado el voto a 163.020 nacionalizados por la ley de nietos
El Supremo mantiene la suspensión del voto para 163.020 nacionalizados por la ley de nietos en las elecciones generales del 29 de noviembre.
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de reposición presentado por la Abogacía del Estado, con el respaldo de la Fiscalía, y mantiene la suspensión cautelar del derecho al voto de 163.020 personas nacionalizadas mediante la llamada ley de nietos. Estas personas no podrán participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
El Alto Tribunal considera que el censo válido para los comicios es el cerrado el 1 de agosto. La medida cautelar fue adoptada a petición de Iustitia Europa y Vox, y cuenta con el voto particular de la magistrada Alicia Millán.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado habían solicitado que se permitiera votar al alegar la “imposibilidad material” de revisar los casi 170.000 expedientes afectados. Sin embargo, la Sala sostiene que no se ha acreditado el grado de cumplimiento de la orden de desglosar los expedientes en la Oficina del Censo Electoral.
Según los magistrados, tampoco se ha aportado una cifra aproximada de los expedientes ya separados. Por ello, concluyen que persiste el riesgo de que se constituya irregularmente el censo de electores y que debe prevalecer la preservación de la regularidad del proceso electoral sobre el derecho de sufragio de las personas afectadas.
La ley de nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022, permite a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española en determinados supuestos. El Supremo señala que la suspensión afecta a quienes fueron nacionalizados al amparo de una instrucción posterior del Gobierno que presumía la condición de exiliados de los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955.
La magistrada Alicia Millán ha emitido un voto particular contrario a mantener la suspensión. A su juicio, el adelanto electoral ha cambiado sustancialmente las circunstancias y obliga a ponderar de nuevo la protección del censo y el ejercicio efectivo del derecho fundamental al sufragio. La decisión afecta al conjunto del censo nacional, también a los electores vinculados a Córdoba, aunque el fallo no ofrece un desglose específico por provincias.
Información elaborada a partir de El Día de Córdoba.