Francia afronta las consecuencias de una noche de disturbios y saqueos

Francia trata de recuperar la normalidad tras una noche de disturbios y saqueos que dejó unos 2.000 detenidos, más de 600 policías y bomberos heridos y alrededor de 1.500 comercios afectados, según el balance difundido sobre la jornada del 17 de octubre. Los daños podrían ascender a «cientos de millones de euros».

El ministro del Interior, Laurent Núñez, ha anunciado una respuesta judicial firme y ha advertido de que las detenciones continuarán durante los próximos días gracias a las fotografías y vídeos obtenidos. Núñez ha defendido que manifestarse es un derecho fundamental, pero que provocar desórdenes violentos de forma concertada no lo es.

El ministro ha atribuido los ataques contra edificios públicos y agentes a «miles de individuos de extrema izquierda», a los que posteriormente se habrían sumado delincuentes que saquearon comercios. El primer ministro, Sébastien Lecornu, presidirá un gabinete de crisis para abordar las consecuencias económicas, comerciales y judiciales, mientras que el presidente Emmanuel Macron tiene previsto dirigirse a la nación.

Los alcaldes de París, Lyon y Marsella han reclamado explicaciones y más medios policiales. El regidor de Marsella, Benoît Payan, ha asegurado que se sintió solo durante la noche y ha señalado que la policía local tuvo que asumir buena parte de la defensa de las calles. En Lyon, Grégory Doucet ha calificado de «abominable» el caos vivido durante varias horas.

En París también se han denunciado carencias de efectivos, mientras que en Limoges el ayuntamiento quedó arrasado por un incendio. Su alcalde, Guillaume Mérin, ha afirmado que la policía municipal no pudo continuar actuando porque se había quedado sin munición. Los ediles han firmado una declaración conjunta para exigir un diagnóstico que explique cómo se llegó a esta situación y evitar que vuelva a repetirse.

La evolución de los disturbios y la respuesta de las autoridades francesas se siguen también desde Córdoba, como capital provincial, por su impacto en la seguridad urbana, el comercio y la gestión de grandes concentraciones, aunque el texto no recoge consecuencias específicas en la provincia cordobesa.

Información elaborada a partir de Diario Córdoba.