La familia de Javier Marañón convoca una protesta en Córdoba por su situación

La familia de Javier Marañón Montero, natural de Peñarroya-Pueblonuevo, y la de David Rodríguez Ballesta, de Granada, han convocado una manifestación este sábado, 31 de octubre, en Córdoba para denunciar el abandono que atribuyen al Gobierno en el caso de ambos andaluces, detenidos y encarcelados en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025.

La protesta comenzará a las 12:00 en la Estación de Tren Julio Anguita y finalizará ante la Subdelegación del Gobierno en Córdoba. La convocatoria llega después de la concentración celebrada el día 10 en Granada con el mismo objetivo: reclamar avances ante un juicio que las familias consideran inminente y sin pruebas.

Aarón, hermano de Javier, ha trasladado a Europa Press que el Ministerio de Asuntos Exteriores no responde a las peticiones de las familias. También ha lamentado que la empresa para la que trabajaban ambos en un proyecto de telecomunicaciones en Guinea Ecuatorial no concreta un acuerdo ni realiza pagos.

La Asociación de Ayuda Javier y David-Derechos Humanos sostiene que los dos españoles están detenidos arbitrariamente en la prisión de Black Beach, en Malabo, desde hace más de 20 meses. Según la entidad, ambos eran empleados privados vinculados a una empresa contratada para desplegar la Televisión Territorial Terrestre (TDT) y habrían sido utilizados como rehenes en un conflicto económico ajeno a ellos.

La asociación afirma que el sumario carece de pruebas de cargo y que se pretende juzgar a los dos trabajadores por un delito de enriquecimiento ilícito que, según su versión, la legislación ecuatoguineana reserva a funcionarios públicos. Las familias también critican la supuesta inacción del Gobierno español, unas negociaciones fallidas y una asistencia consular que consideran ineficaz.

Además, denuncian que Javier y David padecen enfermedades crónicas sin atención hospitalaria, carecen de agua potable y comida salubre en la prisión y han superado en tres veces el límite legal de prisión preventiva fijado por la ley. También aseguran que en numerosas ocasiones se les han prohibido las visitas de sus abogados y que no se permite la entrada de un médico para valorar su estado.

Información elaborada a partir de El Día de Córdoba.