Las bandas cordobesas piden diálogo ante el 7% de la SGAE en 2027

La SGAE ha aprobado una tarifa equivalente al 7% del importe de los contratos con bandas para las procesiones en las que se interpreten obras protegidas. La previsión es aplicarla en la Semana Santa de 2027, aunque todavía no se ha concretado cómo se efectuará el pago, que correspondería a quien contrate la música, ya sea una hermandad, un Ayuntamiento u otra entidad organizadora.

La medida afectaría a las procesiones en las que se interprete públicamente un repertorio cuyos derechos de autor continúen vigentes. La SGAE sostiene que remunerar a los compositores puede favorecer la creación de nuevas marchas, frente al uso exclusivo de obras que ya estén en dominio público. Una Agrupación de Cofradías de Córdoba consultada por El Día de Córdoba prefiere esperar porque «no hay nada cerrado».

Sebastián Giraldo, presidente de la Unión de Bandas de Córdoba, considera que los compositores tienen derecho a que su trabajo sea reconocido y remunerado, pero reclama transparencia para saber cómo se calcula la tarifa, cómo se recauda y cuánto recibe finalmente cada autor. También advierte de que el contrato de una banda no equivale al valor de los derechos de autor y defiende que se tenga en cuenta el repertorio realmente interpretado.

Giraldo señala además que hermandades y asociaciones musicales son entidades sin ánimo de lucro y que el nuevo coste podría repercutir indirectamente en las bandas si las cofradías reducen sus contratos. Por ello, reclama diálogo entre todas las partes y alerta de que un sistema inadecuado podría impulsar el uso de más música de dominio público, justo lo contrario de fomentar nuevas composiciones.

Entre las formaciones cordobesas hay opiniones diversas. Javier García, presidente de la Banda de la Esperanza, cree que «este no es el camino a seguir» y aboga por un entendimiento entre bandas, hermandades y compositores. Alberto Fernández, director de la Agrupación Cristo de Gracia, ve justo que se proteja a los autores, aunque pide más detalles sobre la aplicación.

José Camacho, de la Banda Caído y Fuensanta, califica la medida de «total y absoluto despropósito» y sostiene que las bandas ya abonan cantidades por determinados derechos. Alfonso Lozano considera complejo controlar los repertorios interpretados; Javi Palos rechaza el sistema planteado, y Manuel Roldán entiende que los derechos deben pagarse, aunque reconoce que se trata de un asunto complejo.

Información elaborada a partir de El Día de Córdoba.