Qué derechos tienen los consumidores ante un producto defectuoso

La normativa española establece un sistema de protección para los consumidores que reciben bienes que no se ajustan a lo pactado, con una garantía legal de tres años para los productos nuevos y un plazo mínimo de un año, que puede pactarse, para los de segunda mano.

El régimen, incorporado al ordenamiento español mediante el Real Decreto-ley 7/2021, se aplica a las compraventas de bienes celebradas entre empresarios y consumidores. Considera que existe falta de conformidad cuando el producto incumple las condiciones acordadas o los requisitos legales, incluidos aspectos como la cantidad, la calidad, la funcionalidad, las características o la finalidad convenida.

La conformidad se valora atendiendo tanto a lo pactado por las partes como a las condiciones objetivas que cabe esperar de un bien de ese tipo. El producto debe ser apto para sus usos ordinarios y reunir las cualidades anunciadas en la publicidad y el etiquetado. También puede existir falta de conformidad por una instalación incorrecta realizada por el vendedor o por instrucciones deficientes proporcionadas al consumidor.

La responsabilidad del vendedor es contractual y objetiva. Para exigirla debe haberse entregado el bien, la falta de conformidad debe existir en ese momento y el defecto debe manifestarse dentro del plazo de garantía. Salvo prueba en contrario, se presume que la falta de conformidad ya existía si aparece durante los dos años siguientes a la entrega. El consumidor dispone además de cinco años desde que se manifiesta el defecto para ejercer las acciones correspondientes.

La ley prioriza la reparación o la sustitución del producto, siempre que sean posibles y no supongan costes desproporcionados para el vendedor. Estas actuaciones deben ser gratuitas, realizarse en un plazo razonable y sin causar mayores inconvenientes al consumidor. Si no son viables o resultan ineficaces, puede solicitarse una reducción proporcional del precio o la resolución del contrato, salvo que la falta de conformidad sea de escasa importancia.

Este régimen convive con las normas del Código Civil y del Código de Comercio, por lo que la legislación aplicable depende de quiénes sean las partes, de la naturaleza del bien y de la finalidad de la compra. La regulación también suspende determinados plazos durante la reparación o sustitución, para evitar que el consumidor pierda derechos mientras se intenta solucionar el problema.

Información elaborada a partir de El Día de Córdoba.