Vivienda, corrupción y migración marcan la precampaña política española
Vivienda, unas joyas investigadas y la crisis migratoria en Ceuta elevan la tensión política española antes de las próximas elecciones.
La política española afronta una nueva semana de tensión a ocho meses de las elecciones municipales y autonómicas y a menos de un año de las generales, salvo adelanto. Tres asuntos han concentrado el debate: el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid, unas joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros y la exhibición de un bote de gas pimienta en el Congreso.
El desahucio de Maricarmen, que llevaba 71 años viviendo en el mismo piso, ha situado de nuevo la vivienda en el centro de la disputa entre partidos. Sumar reclama al PSOE un decreto que, según sostiene, habría evitado el lanzamiento, mientras el Gobierno responsabiliza al PP. El artículo plantea también la fragmentación de competencias entre Estado, comunidades y ayuntamientos como una de las causas de la falta de respuestas y de credibilidad institucional.
La semana judicial ha vuelto a afectar al PSOE con el envío a juicio de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, además de la citación de las dos hijas de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra. En la investigación han cobrado protagonismo unas joyas encontradas en la caja fuerte del despacho del expresidente, valoradas en más de 1,3 millones de euros.
Zapatero afirma que tres juegos fueron un regalo personal del rey Abdalá de Arabia Saudí en 2007 y ha solicitado al juez que reclame cooperación a Riad para confirmar su versión. Por ahora, el texto señala que no consta una confirmación oficiosa de Arabia Saudí.
El PP trató de convertir un bote de gas pimienta en un símbolo de la inseguridad en Ceuta. La diputada Ana Vázquez lo mostró en el pleno, fue expulsada y posteriormente un asesor lo manipuló en unos baños, lo que obligó a precintar varias dependencias y dejó a 12 personas atendidas. El episodio desplazó el foco de la situación migratoria de Ceuta, donde siguen miles de personas sin atender, entre ellas varios centenares de menores.
Pedro Sánchez ha reconocido que el mecanismo de control marroquí falló el 30 de julio y ha pedido explicaciones a Rabat. El Gobierno necesita mantener la cooperación con Marruecos para controlar las llegadas y realizar retornos, mientras el PP de Alberto Núñez Feijóo ha adoptado una posición más dura. El análisis afecta al conjunto de España y, por tanto, al debate político que también siguen los vecinos de Córdoba, aunque no recoge hechos específicos de la provincia.
Información elaborada a partir de Diario Córdoba.