Cullera prevé pedir 5,9 millones por la expropiación de terrenos protegidos
Cullera prevé solicitar 5,9 millones al Estado por unos terrenos protegidos cuya empresa reclama una indemnización de 22,5 millones.
El Ayuntamiento de Cullera se enfrenta a una posible indemnización de 22,5 millones de euros por la expropiación de varias parcelas situadas junto al Castell y en la zona del letrero de la ciudad, dentro del perímetro de protección patrimonial de 500 metros. La empresa agente urbanizadora reclama esa cantidad, mientras que los técnicos municipales han valorado los terrenos en 5,9 millones.
El consistorio ha iniciado los trámites para solicitar al Estado un préstamo de 5,9 millones a través del Fondo de Impulso Económico. El pleno aprobó este lunes crear un fondo de contingencia del 1 % de los gastos no financieros de la operación de crédito en los presupuestos de 2027. La concejala de Servicios Económicos, Régimen Interior y Patrimonio, Marta Tur, explicó que se trata de una operación para atender obligaciones derivadas de sentencias firmes.
El conflicto urbanístico se remonta a los años sesenta. Los tribunales reconocieron en 2002 y 2004 la condición de suelo urbano de las parcelas afectadas, pese a los cambios introducidos posteriormente en el PGOU para proteger la montaña, el patrimonio y el paisaje. En 2014, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana estableció que debía reconocerse el aprovechamiento urbanístico existente antes del PGOU de 1995, y el Tribunal Supremo confirmó en 2016 la anulación de una modificación posterior del planeamiento.
El alcalde, Jordi Mayor, señaló en el pleno que el Ayuntamiento ya ha pagado entre 6 y 7 millones por otras parcelas de la zona del Faro y que el último pleito afecta a los terrenos situados junto al Castell, las letras de la montaña y el antiguo Balcón de Cullera. La diferencia entre la valoración municipal y la reclamación de la empresa está ahora pendiente de resolución judicial, que, según Mayor, no se espera este año y podría tampoco llegar el próximo.
Mayor afirmó que la adquisición de estos derechos urbanísticos podría convertirse en una reserva para trasladar edificabilidad a otras zonas y facilitar vivienda pública. El Ayuntamiento había intentado pagar mediante una permuta con parcelas municipales, pero la empresa rechazó la propuesta. El alcalde también anunció que negociará un acuerdo por debajo de los 22,5 millones y que, si no hay pacto, el consistorio esperará a la sentencia y abonará la cantidad que corresponda.
Información elaborada a partir de Levante-EMV.