Críticas a la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por la Ley de Memoria
El Supremo suspende cautelarmente el voto de nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática, en una decisión cuestionada por el autor.
El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho al voto de las personas nacionalizadas como españolas de origen al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos. La decisión fue adoptada por la Sala Tercera por cinco votos frente a uno, según el texto, y se fundamentó en el riesgo de que un incremento extraordinario del censo de residentes ausentes alterase el resultado electoral.
La norma, aprobada en octubre de 2022, permite optar a la nacionalidad española a personas nacidas fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela fueran originariamente españoles y hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio. Según los datos citados del Gobierno, 333.696 personas nacionalizadas por esta vía habían sido inscritas en el censo electoral.
Los partidos VOX e Iustitia Europa solicitaron a la Junta Electoral Central un pronunciamiento sobre los efectos electorales de la ley. Tras la negativa de este organismo a pronunciarse, ambas formaciones presentaron recursos ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que los admitió a trámite.
El artículo cuestiona que un tribunal pueda restringir cautelarmente el sufragio, al considerar que afecta a un derecho fundamental y a la expresión de la voluntad popular. También sostiene que las medidas adoptadas se basan en la previsión de un daño que todavía no se habría producido.
La resolución contó con un voto particular contrario a las medidas cautelares. Según el texto, este voto defendió que la suspensión privaba del derecho al sufragio a ciudadanos españoles de manera contraria a las normas vigentes. La cuestión tiene alcance para el conjunto del Estado y también interesa en Donostia-San Sebastián como capital de Gipuzkoa, al afectar a la participación electoral de ciudadanos con nacionalidad española reconocida mediante una ley estatal.
El autor concluye con una crítica irónica a los cinco magistrados favorables a la suspensión, aludiendo a las ideas de contrato social y voluntad general desarrolladas por Rousseau y Kant.
Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.