El CIS reclama más vivienda pública y avala intervenir en el mercado

El 91,4% de los españoles cree que las administraciones deberían construir más vivienda pública y el 76,3% considera que el Estado debe intervenir en el mercado «tanto como sea necesario» para garantizar el acceso a una vivienda. Son algunos de los datos del Barómetro de Vivienda 2026 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), elaborado a partir de 6.019 entrevistas realizadas entre el 22 y el 30 de junio.

El estudio refleja que el 79% prioriza la vivienda como derecho constitucional frente al 13,5% que la considera principalmente un bien de mercado. Entre las medidas planteadas, el 75,6% apoya limitar los pisos turísticos, el 70,6% congelar los alquileres durante dos años y el 72% elevar los impuestos a los grandes tenedores. También respaldan la creación de una empresa pública estatal de vivienda el 76,3% de los encuestados y recuperar viviendas públicas vendidas a empresas el 83,1%.

La medida con mayor respaldo es rebajar los impuestos para comprar la primera vivienda, apoyada por el 95,4%. En cambio, el apoyo baja al 40% cuando se plantea expropiar viviendas vacías, mientras que el 49,9% avala expropiar suelo para construir vivienda pública. La situación de la vivienda preocupa mucho o bastante al 86,9% de las personas consultadas.

Las dificultades económicas aparecen como el principal obstáculo para acceder a una vivienda. Entre quienes quieren comprar, el 80,7% señala que no dispone de dinero suficiente para afrontar la entrada y el 71,3% dice no contar con ingresos suficientes para pagar las cuotas. El precio máximo medio que estarían dispuestos a pagar quienes prevén comprar en los próximos dos años es de 197.655,60 euros.

El 55% de los encuestados vive en una vivienda en propiedad y el 24,1% de alquiler. Quienes pagan alquiler, hipoteca u otros gastos destinan una media de 629,05 euros mensuales. En los municipios de más de 500.000 habitantes, el 13,1% abona entre 1.000 y 1.499 euros al mes. Los resultados ofrecen un marco de interés para Donostia-San Sebastián y Gipuzkoa, donde el acceso a la vivienda forma parte de las preocupaciones compartidas por la ciudadanía, aunque el barómetro no aporta datos específicos de la ciudad ni del territorio.

El 44,5% considera que el Estado debería tener más competencias en vivienda, frente al 22,7% que atribuye ese papel a las comunidades autónomas y el 23,8% a los ayuntamientos. El Ministerio de Vivienda ha destacado el respaldo a sus políticas de ampliación de la vivienda pública y de intervención del mercado.

Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.