El gasto en pensiones alcanzará los 200.000 millones en 2026

El gasto en pensiones contributivas rondará los 200.000 millones de euros en 2026 y seguirá siendo la mayor partida del presupuesto consolidado del Estado. La cifra reabre el debate sobre la sostenibilidad del sistema, aunque su discusión resulta políticamente incómoda durante una campaña electoral porque los pensionistas representan más de 9,5 millones de votos.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha tratado de cerrar la polémica surgida en sus propias filas sobre la necesidad de reformar un sistema que podría «petar», comprometiéndose a mantener la revalorización de las pensiones conforme a la inflación.

La última reforma se aprobó en 2021, cuando José Luis Escrivá era ministro de la Seguridad Social. La norma incorporó una «cláusula de cierre» que prevé evaluaciones trienales de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y la adopción de medidas automáticas si se supera un determinado desfase entre ingresos y gastos.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que el sistema ya ha superado el primer examen de la AIReF y una revisión posterior. También ha defendido que existe un segundo mecanismo de cierre: el cumplimiento de las reglas fiscales europeas, que afecta al conjunto de las administraciones públicas.

La reforma mantiene la revalorización de las pensiones con el coste de la vida, pero incorpora medidas para afrontar el aumento del gasto previsto hacia 2050 por la jubilación de la generación del baby boom. Entre ellas figuran el mecanismo de equidad intergeneracional, las penalizaciones al retiro anticipado y los incentivos a retrasar la jubilación.

La edad efectiva de jubilación ha subido hasta los 65,4 años y el sistema ha recuperado los 2,51 cotizantes por pensionista que registraba en 2011. La AIReF sostiene que la sostenibilidad de las pensiones depende también de la situación financiera del conjunto del Estado. Fedea, sin embargo, reclama medidas de contención del gasto y calcula que el aumento del gasto podría alcanzar cinco puntos del PIB, frente a los menos de 2,5 puntos que prevé el Gobierno. El debate afecta también a Gipuzkoa y a Donostia-San Sebastián, donde la evolución de las pensiones y de las cuentas públicas condiciona las decisiones económicas de las administraciones y de las familias.

Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.