El Gobierno negocia un decreto de vivienda entre las exigencias de Junts y Podemos
El Gobierno negocia un decreto urgente de vivienda entre las exigencias de Junts y Podemos y tras un polémico desahucio en Madrid.
El Gobierno español negocia un decreto ley con medidas urgentes de vivienda para aprobarlo en el Consejo de Ministros del martes 29 de septiembre, pero el apoyo parlamentario sigue condicionado por las diferencias entre Junts y Podemos.
Junts ha trasladado al Ejecutivo propuestas como ayudas fiscales para los propietarios, mientras su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, asegura que el PSOE ve «con buenos ojos» sus planteamientos. La formación posconvergente todavía no ha confirmado si apoyará el decreto.
Podemos, por su parte, reclama una prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y advierte de que el texto podría convertirse en «un parche» si incluye numerosas excepciones. Irene Montero ha pedido también rebajar los alquileres conforme a la ley, expropiar a los fondos buitre y limitar la venta especulativa de viviendas.
La negociación se ha acelerado tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad que llevaba siete décadas residiendo en el madrileño barrio de Retiro. Montero considera que el caso evidencia un fallo estructural y sostiene que serán necesarias movilizaciones sociales incluso si el decreto sale adelante.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha rechazado expropiar la vivienda de Maricarmen, como pide Sumar, al considerar que esa fórmula no tiene un encaje claro en la Constitución. En declaraciones en Bilbao, ha defendido soluciones «integrales» para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler y propiedad y evitar nuevos desahucios.
La portavoz de Vivienda de Junts en el Congreso, Marta Madrenas, preguntará el 30 de septiembre a la ministra Isabel Rodríguez si rectificar las políticas de vivienda permitiría recuperar la confianza ciudadana. El debate estatal afecta también a Euskadi y a Donostia-San Sebastián, donde el acceso a la vivienda forma parte de las preocupaciones sociales, aunque el texto no concreta medidas específicas para la ciudad.
Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.