El Gobierno prevé proteger a vulnerables frente a desahucios hasta 2028
El Gobierno prevé suspender desahucios de personas vulnerables hasta 2028 y endurecer los alquileres temporales en un nuevo decreto.
El Gobierno prevé aprobar este martes, 29 de septiembre, un decreto ley que suspenderá hasta el 31 de diciembre de 2028 los procesos de desahucio que afecten a personas en situación de vulnerabilidad económica y sin alternativa habitacional. La medida figura en un borrador al que ha tenido acceso Europa Press y que el Ejecutivo negocia con los grupos parlamentarios tras el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada de su vivienda en Madrid.
El texto contempla que, cuando el desahucio afecte a un pequeño propietario, la Administración asuma los gastos de compensación del proceso, incluidos los impagos, los suministros y otros daños. La suspensión judicial se revisaría cada doce meses y tendría una duración máxima de tres años.
El borrador también endurece la regulación de los alquileres temporales. El arrendador deberá justificar una causa real y acreditable, y los contratos tendrán una duración de entre 31 días y un máximo de 12 meses. Si se supera ese plazo sin justificación o se acumulan más de dos contratos consecutivos, el alquiler pasará a considerarse de vivienda habitual. Los alquileres turísticos no podrán superar los 31 días.
La propuesta limita las subidas de renta al índice de referencia y prohíbe trasladar al inquilino determinados gastos, como tributos, comunidad, gestión inmobiliaria o formalización del contrato. También fija garantías adicionales máximas de dos mensualidades para los alquileres habituales y de una para los temporales, y prohíbe imponer seguros de impago.
En materia fiscal, el decreto plantea reducciones para los propietarios de entre el 70% y el 100%, según las condiciones del contrato, la vivienda y el inquilino, además de una deducción del 10% para determinados arrendatarios de vivienda habitual en zonas tensionadas. También prevé cambios en el IVA de algunos pisos turísticos, recargos del IBI para viviendas vacías y turísticas, y sanciones de hasta un millón de euros para plataformas que incumplan sus obligaciones.
El texto incluye asimismo la línea TU CASA, con préstamos sin intereses ni comisiones de hasta 50.000 euros y un plazo de diez años, gestionados por el ICO. La medida afecta al conjunto del Estado y, por tanto, sus posibles efectos se extenderían también a hogares y propietarios de Donostia-San Sebastián, aunque el borrador no detalla actuaciones específicas para la capital guipuzcoana.
Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.