El nuevo decreto de alquiler prevé compensar al inquilino por no renovar
El nuevo decreto de alquiler prevé indemnizaciones de hasta 12 mensualidades y prórrogas extraordinarias para inquilinos vulnerables.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el real decreto ley que establece la prórroga automática de los contratos de alquiler. La medida entrará en vigor mañana, aunque podría decaer si no es convalidada por el Congreso de los Diputados.
La norma establece que, si el propietario decide no prorrogar el contrato, deberá indemnizar al inquilino con el equivalente a 12 mensualidades de la renta de una vivienda similar. El cálculo se realizará conforme al sistema estatal de referencia de precios del alquiler y la compensación no podrá ser inferior a una mensualidad por cada año de residencia.
La indemnización tendrá excepciones cuando exista una causa justificada, como que el arrendador persona física necesite la vivienda para sí mismo o para familiares de segundo grado. En ese caso, si no ocupa el inmueble en un plazo de tres meses, el inquilino conservará el derecho a ser indemnizado. También quedará excluida la compensación si el arrendatario no reside efectivamente en la vivienda o dispone de otra vivienda adecuada en el mismo municipio.
Si se formaliza un nuevo contrato habitual sobre el mismo inmueble, deberá garantizarse la permanencia del arrendatario durante al menos cinco años, o siete si el propietario es una persona jurídica. La nueva renta deberá ajustarse a las reglas previstas en el decreto, incluso cuando la vivienda no esté situada en una zona de mercado residencial tensionado.
Además, el inquilino podrá solicitar una prórroga extraordinaria de hasta un año si acredita una situación de vulnerabilidad social y económica mediante un informe o certificado de los servicios sociales emitido durante el último año. La aceptación será obligatoria cuando el arrendador sea un gran tenedor de vivienda.
En las zonas declaradas tensionadas, los contratos podrán prorrogarse por periodos anuales durante un máximo de tres años, manteniendo las mismas condiciones, cuando haya terminado la prórroga obligatoria y el propietario haya comunicado su intención de no renovar. La medida afecta también a los hogares de Donostia-San Sebastián en la medida en que sus contratos estén sujetos a estas condiciones, aunque el texto no detalla medidas específicas para la ciudad.
Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.