El PP limita en el Senado la nacionalidad para saharauis a dos años de residencia
El PP plantea en el Senado eliminar la nacionalidad directa para saharauis y limitar la reforma a dos años de residencia legal.
La Comisión de Justicia del Senado debatirá y votará este miércoles la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental estaba bajo administración española y a sus descendientes. El PP, que cuenta con mayoría en la Cámara, prevé introducir nueve enmiendas para eliminar la concesión directa y mantener únicamente la reducción a dos años del periodo de residencia legal.
La iniciativa salió adelante en el Congreso a principios de septiembre con los votos de la mayoría que sostiene al Gobierno y sus socios, mientras que el PP se abstuvo. Tras su paso por la Comisión de Justicia, la propuesta llegará al Pleno del Senado y, si se aprueban los cambios, volverá al Congreso para que la Cámara Baja se pronuncie sobre las enmiendas.
Entre las modificaciones planteadas figura cambiar el título de la norma y suprimir las referencias a la concesión de nacionalidad por carta de naturaleza. También se eliminarían los artículos que regulan esa vía para los nacidos antes de 1977 sin residencia legal en España y el procedimiento administrativo asociado.
El PP propone además eliminar el régimen especial de inscripciones en el Registro Civil y la disposición que preveía desarrollar una aplicación informática específica. En cambio, incorporaría expresamente a los saharauis del Sáhara Occidental entre los colectivos que pueden solicitar la nacionalidad después de dos años de residencia legal. La forma de acreditar esa condición quedaría pendiente de un posterior desarrollo reglamentario del Gobierno.
La proposición aprobada por el Congreso contemplaba la concesión por carta de naturaleza a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, incluso sin residencia legal en España, al considerar que concurren “circunstancias excepcionales”. También establecía un plazo de cinco años para que los descendientes en primer grado pudieran optar a la nacionalidad y permitía presentar solicitudes gratuitas durante los tres años posteriores a la entrada en vigor, ampliables un año.
Vox ha registrado un veto para reclamar la devolución íntegra de la iniciativa al Congreso. La tramitación en el Senado es de interés también para la ciudadanía de Donostia-San Sebastián como capital guipuzcoana, al tratarse de una modificación de la legislación estatal sobre nacionalidad y residencia.
Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.