El Supremo confirma que un gerente debe devolver 127.766 euros a una firma guipuzcoana
El Supremo confirma un año y medio de prisión y una indemnización de 127.766 euros para un gerente de una firma guipuzcoana.
El Tribunal Supremo ha confirmado que el gerente de una empresa guipuzcoana de camiones se apropió indebidamente de 127.766,40 euros. El exdirectivo, de nacionalidad francesa, deberá cumplir una pena de un año y seis meses de prisión e indemnizar a la compañía, filial peninsular de una empresa francesa de transportes, con esa cantidad más los intereses legales.
Entre las operaciones acreditadas figuran 60.432,85 euros en gastos personales abonados con la tarjeta de empresa, una transferencia de 5.272 euros a una cuenta de su titularidad y 62.061,55 euros recibidos en efectivo por el suministro de gasóleo para los camiones de la flota que nunca llegaron a las arcas de la sociedad.
El episodio del combustible se produjo entre enero de 2011 y marzo de 2013. Un subcontratista entregaba el dinero en sobres cerrados al gerente o lo hacía llegar a través de empleados de la filial, pero al menos 62.000 euros no completaron el recorrido hasta las cuentas de la compañía. El exresponsable, cuya adicción al juego aparece recogida en los escritos judiciales, llegó a decir a una empleada: «Se me ha ido la olla».
La empresa cifró el perjuicio total en más de medio millón de euros, aunque los tribunales solo han considerado probada la apropiación indebida de 127.766,40 euros. Para justificar la transferencia de 5.272 euros, el gerente alegó verbalmente que se trataba del pago de una multa, sin aportar documentación que lo acreditara.
La matriz francesa recurrió la resolución de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y pidió elevar la pena y la indemnización hasta 283.238,40 euros, al incluir otros 155.472 euros contabilizados como deuda del gerente. El Supremo rechaza ambas peticiones: considera que esa deuda no puede sumarse a la indemnización penal y que no procede aplicar una doble agravación por los mismos hechos. La resolución afecta a una empresa de Gipuzkoa y ha sido dictada tras un proceso judicial que pasó por los tribunales guipuzcoanos.
Información elaborada a partir de El Diario Vasco.