El Supremo mantiene suspendido el voto de parte de los nacionalizados por la ley de nietos
El Supremo mantiene suspendido el voto de parte de los nacionalizados por la ley de nietos para las elecciones del 29 de noviembre.
El Tribunal Supremo ha confirmado la suspensión cautelar del voto para las personas que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática, de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. La medida no se aplicará a quienes acrediten documentalmente que sus antepasados sufrieron un exilio forzoso.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado mediante dos autos. Además, ha ordenado al Instituto Nacional de Estadística, del que depende la Oficina del Censo Electoral, que no inscriba en el Censo Electoral de Residentes Ausentes a nuevos ciudadanos acogidos al primer inciso de esa disposición. Las inscripciones ya completadas quedan suspendidas para los comicios a Cortes Generales.
El Supremo sostiene que deben protegerse la exactitud, veracidad, igualdad, objetividad y transparencia del censo. Según el auto, hay 163.020 electores inscritos bajo esta modalidad y la Administración no ha aportado siquiera un desglose aproximado de los expedientes tramitados. El tribunal considera que no puede alegarse la imposibilidad de revisar los casos cuando los retrasos son atribuibles a la propia Administración.
La única excepción prevista alcanza a quienes dispongan de una certificación consular que confirme que, a 1 de agosto de 2026, eran hijos o nietos de españoles que sufrieron exilio por motivos políticos, ideológicos, religiosos o relacionados con su orientación e identidad sexual, y que perdieron o renunciaron a la nacionalidad española. El resto podrá personarse en el procedimiento judicial para formular alegaciones.
La resolución incluye un voto particular de la magistrada Alicia Millán, quien considera que la convocatoria efectiva de las elecciones modifica el escenario y que la suspensión vulnera el derecho de sufragio de ciudadanos que obtuvieron legalmente la nacionalidad. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lamentó el fallo y advirtió de que podría dejar sin votar a cerca de 400.000 ciudadanos, mientras que Alberto Núñez Feijóo respaldó la decisión del Supremo. El Ejecutivo estudia recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
La decisión afecta a ciudadanos españoles residentes en el exterior, también vinculados a la circunscripción electoral de Gipuzkoa, por lo que su alcance interesa a Donostia-San Sebastián como capital del territorio, aunque el auto no detalla un impacto específico en la ciudad.
Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.