Entra en vigor el decreto que refuerza la protección frente a desahucios
El decreto de vivienda paraliza desahucios de vulnerables ante fondos y crea nuevas ayudas, deducciones y obligaciones para alquileres.
El principal decreto de vivienda ha entrado en vigor este jueves, 8 de octubre, tras su publicación el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma paraliza hasta el 31 de diciembre de 2030 los lanzamientos de personas vulnerables cuando el demandante sea un fondo o una entidad dedicada a comprar masivamente créditos impagados o inmuebles por debajo del mercado.
Para el resto de propietarios, establece suspensiones de hasta tres años, sujetas a revisiones anuales y acompañadas de compensaciones por las rentas no percibidas y los gastos de suministros. También obliga a documentar, en las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual, si la parte ejecutante es un gran tenedor.
El decreto incorpora además un mecanismo permanente para evitar desahucios por impago de alquiler cuando el inquilino sea vulnerable. La Administración tendrá un máximo de dos meses desde la notificación judicial para ofrecer una vivienda alternativa. Si no lo hace, deberá pagar la deuda al propietario o depositarla en el juzgado; si tampoco liquida las cantidades, pasará a ser la deudora oficial y el desalojo quedará impedido mientras continúe la situación de vulnerabilidad y siga vigente el contrato.
La norma regula también los alquileres temporales y por habitaciones, obliga a incluir en los anuncios el índice de precios y la renta de los últimos cinco años, prohíbe repercutir al inquilino los gastos de gestión inmobiliaria y prevé multas de hasta un millón de euros para las plataformas turísticas que incumplan la cesión de datos. En el IRPF, contempla reducciones de hasta el 100% para arrendadores que rebajen más de un 5% el alquiler en zonas tensionadas y una deducción del 10% para inquilinos con bases imponibles inferiores a 33.007,2 euros anuales.
El texto también moviliza fondos para vivienda: 400 millones de euros para el Fondo de Vivienda de Impacto Social, 280 millones en avales ICO para construcción industrializada, 2.000 millones para alquiler asequible y 10.000 millones para la línea Tu Casa, destinada a financiar sin intereses hasta el 20% o un máximo de 50.000 euros de la primera vivienda.
El segundo decreto de vivienda publicado junto al principal entrará en vigor el 15 de noviembre, aunque se prevé que no sea convalidado por la Diputación Permanente. Entre otras medidas, ampliaría las prórrogas obligatorias y obligaría al arrendador a indemnizar al inquilino cuando comunique válidamente que no renovará el contrato.
La norma afecta al conjunto de Euskadi y, por tanto, al marco de vivienda aplicable en Donostia-San Sebastián, aunque el texto no concreta medidas específicas para la capital guipuzcoana.
Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.