Europa refuerza la regulación del alquiler y la protección de los inquilinos
Los países europeos avanzan hacia una mayor regulación del alquiler, con límites de precios, contratos más estables y medidas de protección.
El debate sobre la vivienda en España ha colocado la regulación del alquiler en el centro de la actualidad política y social, tras el desahucio de Maricarmen de su casa de Madrid y el rechazo del Congreso a los dos decretos del Gobierno para reforzar a los inquilinos y proteger a los hogares vulnerables.
La situación ha impulsado una movilización promovida inicialmente por el Sindicato de Inquilinas y ha abierto la puerta a comparar las medidas aplicadas en otros países europeos. Aunque las legislaciones son diferentes, la tendencia común es avanzar hacia una mayor regulación del alquiler, con más garantías para los propietarios y ayudas para los inquilinos con dificultades de pago.
En Francia, los contratos tienen una duración mínima de tres años para viviendas sin muebles propiedad de particulares y de seis años si pertenecen a empresas. La legislación reciente también ha facilitado los desahucios por impago y ha aumentado las penas por ocupación ilegal. El país mantiene, además, la llamada tregua invernal, que impide los desahucios entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo.
Italia contempla contratos libres de cuatro años, prorrogables por otros cuatro, y acuerdos entre propietarios e inquilinos que fijan rangos de precios por zonas y barrios. Alemania, donde casi la mitad de la población vive de alquiler, limita las rentas a un máximo del 10% sobre la media de la zona y mantiene prorrogado el tope de precios hasta 2029.
Portugal ha planteado liberalizar el alquiler para aumentar la oferta, junto con un Fondo de Emergencia para apoyar a familias vulnerables y medidas para agilizar los desahucios por impago. En Inglaterra, una reforma aprobada en mayo eliminó los contratos privados de duración fija y los desalojos sin causa, limitó las subidas a una al año y estableció contratos indefinidos.
Suecia basa la protección de los inquilinos en el derecho de permanencia, que permite conservar el alquiler aunque el propietario quiera finalizar el contrato, salvo en casos de incumplimiento u otras situaciones previstas por la ley. El debate europeo afecta también a ciudades como Donostia-San Sebastián, donde la evolución de las normas estatales y europeas condiciona el marco general del alquiler.
Información elaborada a partir de El Diario Vasco.