Gobierno Vasco y Diputación atribuyen al Ayuntamiento el control de los VTC
Gobierno Vasco y Diputación atribuyen al Ayuntamiento de San Sebastián el control de los VTC y cifran en 21 las propuestas de sanción remitidas.
El Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa han señalado al Ayuntamiento de San Sebastián como la institución responsable de controlar la actividad urbana de los vehículos de transporte con conductor (VTC), como los que opera Uber. La respuesta llega después de la protesta de los taxistas donostiarras, que reclamaron que se haga cumplir la ley y se sancionen los trayectos urbanos para los que estos vehículos no tienen autorización.
La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, afirmó que la normativa establece que los ayuntamientos realizan los controles, las diputaciones tramitan las sanciones y el Gobierno Vasco legisla y fija el marco regulador. Según defendió, la petición de los taxistas de aumentar la vigilancia sobre los VTC corresponde a los consistorios.
García Chueca añadió que, si Donostia quiere que el Ejecutivo autonómico regule la concesión de licencias para que los VTC puedan prestar servicios urbanos, debe solicitarlo. En Euskadi, estas licencias permiten actualmente realizar servicios interurbanos, con salida y llegada en municipios distintos. El Gobierno Vasco asegura que ningún ayuntamiento ha pedido hasta ahora una regulación específica de ámbito municipal o metropolitano.
La Diputación de Gipuzkoa también recalcó la distribución de competencias. Desde que Uber comenzó a operar en Gipuzkoa en febrero, el ente foral ha recibido 21 propuestas de sanción, todas remitidas por el Ayuntamiento de San Sebastián. Tres llegaron antes del verano, pero fueron consideradas incompletas; otras 15 se recibieron en septiembre y están en tramitación, mientras que en los últimos días se han incorporado tres más.
El debate de fondo se centra en si la normativa que limita los servicios de los VTC al ámbito interurbano se ajusta al Derecho europeo. Uber sostiene que los últimos pronunciamientos judiciales han dejado atrás las normas vasca y española y ha advertido de que recurrirá cualquier sanción relacionada con la prestación de servicios urbanos.
Información elaborada a partir de El Diario Vasco.