JJpD reclama más herramientas para frenar desahucios de personas vulnerables
JJpD reclama más herramientas jurídicas e informes de vulnerabilidad completos para proteger a personas en riesgo de desahucio en Euskadi.
El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Edmundo Rodríguez Achútegui, ha defendido que los jueces son sensibles ante los desahucios, pero necesitan más “instrumentos jurídicos” para proteger a las personas y familias vulnerables.
En una entrevista en Radio Euskadi recogida por Europa Press, ha asegurado que los decretos de Vivienda planteados por el Gobierno español permitirían avanzar en esta protección. También ha pedido que la sociedad entienda que la vivienda no es solo un bien para negociar, especular o enriquecerse, sino también un derecho.
Rodríguez Achútegui ha explicado que en los juzgados entran a diario numerosos procedimientos de desahucio. Aunque existen casos por impago de renta, ha señalado que la mayoría se deben a la expiración del contrato, cuando el propietario considera que puede obtener una renta superior si recupera la vivienda y la vuelve a alquilar.
El magistrado ha reclamado informes de vulnerabilidad más completos por parte de ayuntamientos y diputaciones. Según ha indicado, estas instituciones están desbordadas y los tribunales reciben en ocasiones documentos de apenas dos líneas, lo que dificulta valorar si una familia tiene una alternativa habitacional y si debe suspenderse el lanzamiento.
En este contexto, ha considerado que el decreto que plantea prohibir los desahucios hasta 2028 podría reactivar, en muchos casos, el escudo social para quienes se encuentren en situación precaria. También ha señalado que las personas que viven en habitaciones no cuentan actualmente con la misma protección de la Ley de Arrendamientos Urbanos, una situación que el nuevo decreto pretende modificar.
El portavoz de JJpD ha recordado que en Euskadi se superaron los 1.000 lanzamientos anuales en 2008, una cifra que después bajó a entre 700 y 800. En 2025, los últimos datos citados sitúan los lanzamientos en 300 o 400 al año. La reclamación afecta al conjunto de Euskadi y, por tanto, también al marco institucional y judicial que opera en Donostia-San Sebastián.
Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.