La nueva normativa de alquiler amplía prórrogas y limita las subidas
La nueva normativa estatal de vivienda amplía las prórrogas, limita al 2% las subidas y contempla cambios fiscales y en los desahucios.
El BOE ha publicado la nueva normativa estatal de vivienda, que entra en vigor con medidas sobre prórrogas, actualización de rentas, desahucios e incentivos fiscales. El primer decreto, relativo a la prórroga extraordinaria y la congelación de alquileres, se aplica desde hoy, aunque todavía no cuenta con el visto bueno de la Diputación Permanente. El segundo texto, que contempla renovaciones forzosas por periodos sucesivos, no se aprobará hasta el 15 de noviembre.
Los inquilinos cuyos contratos de vivienda habitual venzan antes del 31 de diciembre de 2028 podrán solicitar una prórroga extraordinaria de un año, ampliable por otro, siempre que estén al corriente de pago y no hayan acumulado retrasos durante los ocho meses anteriores. El propietario deberá mantener las condiciones económicas, salvo que necesite la vivienda para sí o familiares directos, o que se firme una renovación con una rebaja de al menos el 5%.
La normativa también prevé renovaciones automáticas por bloques de cinco años cuando el arrendador sea una persona física y de siete años si es una persona jurídica. El casero deberá avisar con seis meses de antelación si no quiere renovar, mientras que el inquilino podrá rescindir el contrato comunicándolo con dos meses. Si no existe una causa legal para evitar la renovación, el propietario deberá pagar una indemnización.
Hasta el 31 de diciembre de 2027, los alquileres que superen el índice oficial de referencia quedarán congelados y, cuando estén por debajo, la actualización anual no podrá superar el 2%. En los desahucios por impago de personas vulnerables, la Administración tendrá dos meses para ofrecer una alternativa habitacional o asumir la deuda y los costes procesales. Los lanzamientos promovidos por fondos de inversión contra personas vulnerables quedarían paralizados hasta el 31 de diciembre de 2030.
El paquete incluye además ventajas fiscales: los propietarios que reduzcan más de un 5% la renta podrán aplicar una reducción del 100% sobre el rendimiento neto en el IRPF, mientras que los inquilinos con bases imponibles inferiores a 33.007,20 euros podrán deducir el 10% del alquiler, con una base máxima de 11.630 euros. Desde el 1 de diciembre de 2026 también cambiará la fiscalidad de los alquileres turísticos, ciertas obras y la vivienda protegida.
Los contratos de temporada deberán acreditar la causa de la estancia y podrán convertirse en alquileres de vivienda habitual si no se justifica su temporalidad o se encadenan más de dos contratos. Los anuncios deberán incluir el índice de referencia y la renta del contrato anterior de los últimos cinco años. El texto puede sufrir cambios tras las elecciones generales del 29 de noviembre y previsiblemente afrontará recursos judiciales.
Información elaborada a partir de El Diario Vasco.