La nueva regulación estatal del alquiler temporal aviva el temor a menos oferta
La regulación estatal del alquiler temporal limita los precios y alimenta el temor a una reducción de la oferta de larga duración.
La entrada en vigor del Real Decreto-ley 29/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 7 de octubre, regula el alquiler temporal y por habitaciones en todo el territorio común. La norma establece que el precio conjunto de las estancias de una vivienda no podrá superar el alquiler unitario fijado por el índice de referencia.
El texto justifica la intervención por la evolución de los precios: el valor de la vivienda ha aumentado un 12,9%, frente al incremento del 4,9% del indicador de inflación.
La regulación ha generado temor a una reducción de la oferta de alquiler de larga duración, ante la posibilidad de que algunos propietarios opten por mantener sus viviendas vacías o expresen una mayor desconfianza jurídica. La preocupación afecta también a Gipuzkoa y, por tanto, al debate residencial que siguen de cerca los vecinos de Donostia-San Sebastián.
Las comunidades autónomas intentan responder mediante incentivos fiscales y redes públicas de garantía para movilizar viviendas vacías. Sin embargo, la disparidad de criterios entre territorios puede limitar la efectividad de una norma de ámbito estatal.
El escenario plantea un mayor peso del sector público en la cobertura de las garantías de cobro. Según el Banco de España, el déficit habitacional nacional alcanza los 750.000 hogares.
El debate apunta como solución estructural a acelerar la construcción de un parque público de viviendas de alquiler social protegido, en lugar de basar la respuesta principalmente en ayudas o garantías dirigidas a los pequeños propietarios privados.
Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.