Un juez paraliza el desalojo de un piso de Egia por posible vulnerabilidad
Un juzgado suspende dos meses el desalojo de un piso de Donostia hasta conocer la posible vulnerabilidad del inquilino.
Un juzgado ha paralizado durante dos meses el desalojo de un piso de la calle Baztán de Donostia-San Sebastián, previsto para el lunes 19 de octubre, hasta que los servicios sociales municipales determinen si el inquilino se encuentra en situación de vulnerabilidad.
La propietaria, Ainara Moreno, donostiarra de 44 años, sostiene que necesita recuperar la vivienda para vivir y que lleva más de dos años alojándose entre las casas de su madre, su hermana y una amiga. Afirma que trabaja en hostelería con un sueldo cercano a los mil euros y que afronta una hipoteca de 1.000 euros mensuales.
Moreno compró el piso, de 53 metros cuadrados, en 2007 junto a su entonces pareja. Tras la ruptura, decidió alquilarlo en junio de 2019 por 800 euros para ayudar a pagar el préstamo. En 2024 comunicó al arrendatario que necesitaba la vivienda y, según su versión, le concedió más tiempo e incluso negoció una posible venta por 250.000 euros, un acuerdo que finalmente no se materializó.
La propietaria asegura que la demanda no se presentó por el impago de dos mensualidades, sino por el vencimiento del contrato y la necesidad de recuperar su casa. Su abogado afirma que el inquilino no solicitó hasta este mes el informe municipal de vulnerabilidad, cuya tramitación ha motivado ahora la suspensión del lanzamiento.
El caso se conoció después de que el sindicato de vivienda Saretxe denunciara el desahucio de una familia con dos menores en situación vulnerable. Moreno sostiene, sin embargo, que el contrato se firmó únicamente con un hombre y desconoce cuántas personas viven actualmente en el inmueble. También cuestiona su vulnerabilidad porque, según ella, es autónomo y administra un negocio de alimentación en la calle Fuenterrabía de San Sebastián.
La propietaria afirma que encontró la vivienda en malas condiciones cuando pudo acceder a ella y reclama que el Ayuntamiento estudie de forma detallada la situación del arrendatario. El juez deberá decidir sobre el desalojo una vez se conozca el informe de los servicios sociales.
Información elaborada a partir de El Diario Vasco.