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La fiscal de Violencia sobre la Mujer de Ibiza analiza en un cinefórum los avances tras el caso Nevenka

La fiscal de Violencia sobre la Mujer de Ibiza, María Luisa Millán, repasa en un cinefórum en Eivissa los avances legales tras el caso Nevenka.

Redacción automática · Eivissa 2 min de lectura

La fiscal de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía de Ibiza, María Luisa Millán Bernal, afirmó que el caso de Nevenka Fernández marcó un punto de inflexión en España al poner de manifiesto las carencias en el tratamiento judicial, policial, mediático y social de las víctimas de acoso sexual y de otras violencias contra las mujeres. La declaración se produjo el pasado jueves por la noche en el Casal d'Igualtat de Eivissa, tras la proyección de 'Soy Nevenka' en el Cinemafòrum de la Associació de Dones Progressistes d'Eivissa, con motivo del 25N. Asistieron unas quince personas.

Millán explicó que, desde que en 2001 Nevenka Fernández denunció por acoso sexual al entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, la respuesta judicial ha cambiado de forma notable. Señaló que hoy sería impensable un interrogatorio como el que sufrió la denunciante por parte del entonces fiscal jefe de Castilla y León, José Luis García Ancos, y que ahora la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Ministerio Fiscal obligan a evitar los estereotipos de género y los prejuicios sobre la víctima.

Entre los avances citó la introducción de la perspectiva de género, la aprobación en 2015 del Estatuto de la víctima del delito, que reconoce el derecho a estar acompañada en el interrogatorio, y la Ley Orgánica 10/2022, conocida como ley del 'solo sí es sí', que agrupa el abuso y la agresión sexual bajo un único delito y sitúa la ausencia de consentimiento como elemento central. Según la fiscal, con la legislación actual el caso de Nevenka también habría constituido una agresión sexual.

En el coloquio, los asistentes preguntaron por la pena impuesta a Ismael Álvarez, que calificaron de irrisoria: 12.000 euros de indemnización y una multa de nueve meses a 24 euros diarios, rebajada después por el Tribunal Supremo a tres meses, así como por su posterior regreso a la política municipal en 2011. Millán sostuvo que, con los criterios actuales, el caso podría conllevar pena de prisión y la posible inhabilitación.

La fiscal destacó asimismo la especialización como gran logro del Ministerio Fiscal, desde la Ley Orgánica 1/2004 contra la violencia de género y la creación de los juzgados y fiscalías de Violencia sobre la Mujer, y mencionó la Ley de Eficiencia de la Justicia de 2025, que atribuye a esos juzgados la competencia sobre los delitos contra la libertad sexual. En su reflexión final subrayó que la educación afectivo-sexual desde edades tempranas, los cambios sociales, legislativos y judiciales deben avanzar de forma conjunta.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.

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