La Fiscalía reclama 1 año y 11 meses de cárcel para el alcalde de Estepona

La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Estepona, José María García Urbano, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. El Ministerio Público pide para el regidor un año y 11 meses de prisión y cinco años y 11 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público.

El caso investiga la contratación como personal eventual de una mujer con la que García Urbano habría mantenido una relación sentimental. Según el escrito de acusación, la mujer fue contratada por decreto de Alcaldía el 13 de febrero de 2023 y percibió 1.634,64 euros en febrero y 3.642,28 euros en marzo, sin que hubiera desempeñado trabajo alguno. Fue cesada con efectos del 31 de marzo de 2023.

La Fiscalía también reclama para la mujer cuatro años y seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial para cargo o empleo público. El Ministerio Público la considera cooperadora necesaria y al alcalde, supuesto autor de los delitos investigados.

El regidor devolvió al Ayuntamiento 5.276,92 euros el 26 de noviembre de 2025, correspondientes al dinero neto recibido en nóminas, y otros 2.589,97 euros el 29 de junio de 2026, por los gastos de cotización a la Seguridad Social. La Fiscalía señala que con ello quedaron saldados los gastos de la relación contractual y, según fuentes citadas por el medio, este pago anticipado habría motivado la rebaja de la petición de pena, inicialmente fijada en 5,6 años.

La causa se tramitará mediante procedimiento abreviado ante la Audiencia Provincial de Málaga si finalmente se acuerda la apertura del juicio oral. La Audiencia dejó sin efecto el pasado 6 de mayo la decisión de que el caso fuera juzgado por un Tribunal del Jurado, al excluir este procedimiento el enjuiciamiento de un presunto delito de prevaricación.

La defensa del alcalde sostiene que informes municipales acreditan las funciones del puesto y el servicio prestado, y afirma que no existe ningún indicio delictivo. También ha anunciado un recurso y mantiene que la contratación se realizó sin cometer ningún ilícito penal. Por su parte, la acusación popular ejercida por la portavoz del PSOE de Estepona, Enma Molina, pide cinco años y seis meses de prisión para el alcalde y dos años para la mujer.

Información elaborada a partir de Málaga Hoy.