Jucil alerta de que 62 de los 67 nuevos guardias civiles de Ibiza y Formentera podrán marcharse en un año

La asociación profesional de la Guardia Civil Jucil ha advertido de que 62 de los 67 agentes incorporados recientemente a Ibiza y Formentera solo están obligados a permanecer un año en las islas, una situación que, a su juicio, pone en riesgo la estabilidad de las plantillas. Según los datos facilitados este miércoles por la organización, Ibiza ha recibido 59 agentes, de los cuales 55 podrán solicitar su marcha después de un año.

En Formentera se han incorporado ocho agentes, siete de ellos con una permanencia obligatoria de solo un año, mientras que otros tres han abandonado la isla tras la temporada estival. En el conjunto de las Pitiusas, más del 92% de los efectivos recién llegados se encuentra en esta situación, aunque ello no significa necesariamente que todos vayan a marcharse cuando concluya ese plazo.

Desde Jucil Baleares alertan de que, a partir del próximo verano, existe el riesgo de perder buena parte de los nuevos efectivos destinados a Ibiza, Menorca y Formentera si no se establecen incentivos que favorezcan su permanencia. La organización también cuestiona los datos difundidos por la Administración sobre la cobertura de vacantes: de las 384 plazas anunciadas, solo 310 corresponden a nuevos agentes incorporados al archipiélago, mientras que las otras 74 son traslados entre unidades. De esos 310, 235 tienen únicamente la obligación de permanecer un año en las islas.

Por territorios, Mallorca concentra el mayor número de incorporaciones, con 211, seguida de Ibiza, con 59; Menorca, con 32, y Formentera, con ocho. Jucil considera que estas cifras no resuelven el problema de fondo, que es la dificultad para retener a los guardias civiles ante el elevado coste de la vivienda y de la vida en Baleares.

Ante esta situación, la asociación pide al delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, la implantación de un modelo propio de complemento de insularidad para el archipiélago, con cuantías lineales para los distintos grupos funcionariales, el cobro de trienios acumulables por insularidad y la declaración de Zona de Especial Singularidad (ZES) para favorecer la permanencia de los agentes mediante incentivos económicos y mejoras en la baremación. Jucil considera insuficiente la reciente revisión del complemento y sostiene que Mallorca ha resultado especialmente perjudicada por ella.

«Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Baleares no necesitan titulares efectistas ni maquillajes de vacantes; necesitan voluntad política y soluciones retributivas y laborales dignas», señala la secretaría provincial de Jucil. La asociación advierte de que, si no se adoptan medidas para consolidar las plantillas, la seguridad ciudadana en las islas podría verse comprometida el próximo verano.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.