El Gobierno negocia un nuevo decreto de vivienda con impacto en Garcia

El Gobierno apura las negociaciones para aprobar este martes un nuevo decreto de vivienda, bautizado como el «decreto Maricarmen» tras el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid. El acuerdo todavía no está cerrado y los apoyos parlamentarios no están garantizados.

El PSOE y Sumar mantienen contactos con los grupos de la mayoría de investidura para evitar que la iniciativa vuelva a decaer en el Congreso, como ocurrió el pasado abril. El paquete, impulsado por el Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez, contempla diez líneas de actuación, aunque aún no se han concretado todos los detalles.

Entre las medidas planteadas figuran una mayor protección frente a los desahucios, la prohibición de compras especulativas por parte de fondos buitre y la estabilización de los contratos de alquiler para proteger a los inquilinos frente a subidas abusivas. También se estudia regular los alquileres de temporada y por habitaciones, modificar la fiscalidad, ofrecer ayudas a jóvenes y personas sin ahorros para comprar su primera vivienda y blindar el parque público estatal.

El texto prevé además aumentar el IVA de los pisos turísticos y rebajarlo para la construcción de vivienda protegida con calificación permanente. Sumar considera insuficiente la propuesta y reclama, entre otras medidas, la congelación de precios, la prórroga automática de los contratos y una protección integral frente a los desahucios. «No renunciaremos a nada», afirmó la ministra de Sanidad, Mónica García.

Junts también negocia su posible apoyo y exige medidas contra los fondos buitre y bonificaciones fiscales para los pequeños propietarios. En este contexto, el presidente del Parlament, Josep Rull, pidió «generosidad» y «responsabilidad» para alcanzar un acuerdo.

La decisión puede afectar también a los vecinos de Garcia, especialmente a quienes viven de alquiler, buscan acceder a su primera vivienda o son pequeños propietarios, ya que las medidas planteadas modificarían la protección de los inquilinos, los contratos y la fiscalidad. La aprobación dependerá del acuerdo final entre el Gobierno y sus socios parlamentarios.

Información elaborada a partir de Diari de Tarragona.