Ávila Rojas responde a la investigación por una presunta macroestafa inmobiliaria en Marbella

La promotora granadina Ávila Rojas ha respondido a las informaciones publicadas por IDEAL sobre una supuesta macroestafa inmobiliaria que afecta a más de 200 propiedades y que investigan la UDEF y un juzgado de Marbella. La empresa expresa respeto y comprensión hacia las familias que compraron legítimamente sus viviendas hace décadas y que ahora se ven afectadas por la situación.

El tribunal de instancia investiga por presunta estafa inmobiliaria, falsedad documental y blanqueo de capitales al empresario José Ávila Rojas, al apoderado de la mercantil, al comprador del patrimonio y a las empresas con las que operó, así como al notario que firmó la operación. La presunta estafa se habría producido con la venta del patrimonio inmobiliario de Ávila Rojas a un fondo de inversión en mayo de 2025. La operación incluía seis fincas de Marbella y otras propiedades no detalladas, pero, según la investigación, el comprador habría consultado el Registro de la Propiedad y utilizado esa información para reclamar todo el parque inmobiliario, incluidas fincas vendidas a particulares hace medio siglo.

En un comunicado remitido a este medio, la promotora sostiene que es imprescindible distinguir las circunstancias que motivaron la transmisión patrimonial formalizada en 2025 de las actuaciones posteriores de las distintas personas y sociedades implicadas. Según su versión, la venta en bloque respondió a la difícil situación económica y organizativa de INCAR, S.A., que no tenía medios para vender su patrimonio de forma individualizada, y tenía como finalidad obtener recursos para atender obligaciones y cargas existentes. La empresa indica que esta operación fue comunicada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La promotora también recuerda que el 5 de marzo de 2026 se formalizó un acuerdo notarial, con el número 329 de protocolo, que establecía excluir de la operación los inmuebles previamente transmitidos a terceros cuyos derechos pudieran acreditarse, aunque no constaran inscritos en el Registro de la Propiedad. Asimismo, afirma que, al tener conocimiento de posibles actos de disposición sobre algunas de esas fincas, se promovieron actuaciones notariales para exigir que cesaran y para dejar constancia del deber de respetar los derechos de los anteriores adquirentes.

Respecto al informe ampliatorio de la UDEF adelantado por IDEAL, Ávila Rojas señala que cualquier valoración de su contenido deberá hacerse una vez que su representación letrada lo examine íntegramente y por los cauces procesales correspondientes. La empresa confía en que la investigación esclarezca los hechos y determine las responsabilidades que correspondan, con pleno respeto a la presunción de inocencia de todas las personas investigadas.

Información elaborada a partir de Ideal.