Granada reclama casi un millón de euros a una empresa por la pérdida de fondos europeos para paradas de autobús
Granada reclama 989.820 euros a una empresa por retrasos en las máquinas de paradas de autobús que hicieron perder fondos europeos. El caso irá al Consejo Consu
El Ayuntamiento de Granada reclama a una empresa cerca de un millón de euros por su presunta responsabilidad en la pérdida de fondos europeos. La compañía tenía que suministrar máquinas expendedoras y validadoras para las paradas de autobús, pero los retrasos impidieron ejecutar el proyecto en el plazo previsto y la subvención no pudo aprovecharse.
La reclamación quedó confirmada el pasado 6 de noviembre, cuando la junta de gobierno local aprobó un expediente que declara la culpabilidad de la adjudicataria tras desestimar las alegaciones que había presentado meses antes. Así consta en la minuta de la sesión, que se hizo pública este lunes.
Según la documentación, Granada obtuvo alrededor de un millón de euros en 2022 para mejoras vinculadas a la implantación de la zona de bajas emisiones, entre ellas el contrato de máquinas expendedoras y validadoras. El plazo era de 20 meses, pero las máquinas nunca se instalaron y la empresa pidió dos prórrogas, en 2024 y 2025, alegando problemas con el suministro de los dispositivos desde Colombia e Italia.
Al superarse el plazo en 15 meses sin ejecutar el contrato, el Ayuntamiento inició los trámites para penalizar a la contratista por la pérdida de los fondos. La empresa, que se encuentra en concurso de acreedores y en fase de liquidación según la minuta, alegó que no fue oída durante el proceso y que el expediente no incluía documentos esenciales, como una petición de ampliación del plazo emitida en octubre del año pasado. Esta última alegación fue aceptada, pero el informe aprobado desestima el resto y atribuye a la empresa la responsabilidad por los continuos retrasos.
El expediente confirma la resolución del contrato y considera procedente exigir a la compañía el abono de 989.820 euros. Además, el caso se traslada al Consejo Consultivo de Andalucía, que deberá dictaminar si la resolución se ajusta a la ley.
Información elaborada a partir de Ideal.