La Policía Local de Granada rastrea a los autores de grafitis con cámaras y peritaje caligráfico
Cámaras, peritaje caligráfico y colaboración entre policías locales: así identifica la Policía Local de Granada a los autores de grafitis.
La Sección Técnica de Investigación de la Policía Local de Granada utiliza unas 600 cámaras, tres de ellas en el Albaicín, para seguir el rastro de las pintadas vandálicas que cubren la capital. La unidad mantiene un catálogo fotográfico de más de 8.000 imágenes y logra denunciar a casi un centenar de infractores al año.
Según explica el agente José Aranda, adscrito a la unidad desde 2015, cada trazo en el mobiliario urbano puede convertirse en una prueba. Aranda señala que, en el peritaje sobre muros, los agentes se centran en la morfología de las letras, el orden de los enlaces y los llamados «gestos tipo», movimientos que el grafitero realiza de forma inconsciente y que pueden delatarle.
El pilar de la investigación es la muestra indubitada, una prueba de autoría incuestionable. Cuando una patrulla identifica al autor, se elabora el informe grafístico, se comparan los trazos con el histórico y se formaliza el expediente. Aranda pide a las patrullas que, siempre que sea posible, dejen que el grafitero termine la pintada, porque un trazo incompleto no sirve para el cotejo.
La unidad también ha tenido que afrontar las pintadas realizadas con plantillas, detectadas en la universidad y en algunas organizaciones sindicales o políticas, que complican el análisis. Entre los casos destacados figura el de un ciudadano vasco que escribió un nombre en el aljibe del Zenete, en el Albaicín, y el de una mujer identificada con la colaboración de la Policía Local de Palma de Mallorca tras pintar en una plaza del Albaicín y difundirlo en TikTok.
Aranda advierte además de que el perfil del grafitero es cada vez más joven, y la policía ha llegado a identificar a implicados de diez y once años. Por otro lado, la ordenanza de gestión de residuos y limpieza viaria aprobada en 2024 prohíbe las pintadas no autorizadas en la vía pública y endurece las sanciones, que oscilan entre 751 y 3.000 euros según la gravedad. En los edificios catalogados o protegidos y su entorno no se permite ninguna pintura mural, ni siquiera artística.
Información elaborada a partir de Ideal.