Nueva marcha en Córdoba exige soluciones urgentes para dos andaluces presos en Guinea Ecuatorial
Familias de David Ballesta, granadino, y Javier Marañón, cordobés, presos en Guinea Ecuatorial, convocan una marcha en Córdoba el 31 de octubre.
Las familias de David Ballesta y Javier Marañón, el granadino y el cordobés encarcelados desde enero de 2025 en Guinea Ecuatorial, han convocado una nueva manifestación para el sábado 31 de octubre, a las 12.00 horas, en Córdoba, en protesta por las condiciones en las que se encuentran. Ambos están recluidos en la prisión de Black Beach, conocida por sus condiciones infrahumanas y sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
La marcha partirá de la Estación de Tren Julio Anguita y llegará hasta la Subdelegación del Gobierno en Córdoba. La convocatoria llega después de que se movilizaran el pasado 10 de octubre en Granada con el mismo objetivo: criticar el abandono del Ejecutivo ante una detención arbitraria que ya suma más de 20 meses.
David Rodríguez, granadino, trabajaba en un proyecto para implantar la TDT en el país africano, un plan que arrancó en 2017. Junto a Javier Marañón, cordobés que se encargaba de tareas de contabilidad y administración en la misma empresa, fue detenido con otros diez empleados de varias mercantiles, en el marco de una investigación del Gobierno guineano por presunto fraude, sobornos, evasión fiscal y negociaciones prohibidas.
Según sus familias, el Ministerio de Asuntos Exteriores no responde a sus peticiones, mientras que la empresa para la que trabajaban no logra cerrar un acuerdo con la Fiscalía. En enero de 2026, el vicepresidente guineano Teodorín Obiang anunció en la red social X que su Gobierno exploraba vías para poner fin al procedimiento judicial, y aseguró que la empresa buscaba restituir unos 6,9 millones de euros presuntamente desviados. Obiang negó también el maltrato a los detenidos.
Los familiares han presentado una reclamación patrimonial al Ministerio de Asuntos Exteriores por los daños físicos y psicológicos que sufren desde hace casi dos años, al entender que existe «inacción» por parte de los órganos del Estado. Denuncian que ambos han sido «utilizados como rehenes humanos en un conflicto económico ajeno a ellos», y advierten del «riesgo vital e insalubridad» que padecen: sufren patologías crónicas sin atención hospitalaria, carecen de agua potable y de comida salubre, y han superado con creces el límite legal máximo de prisión preventiva.
Información elaborada a partir de Ideal.