La investigación no aprecia un enriquecimiento ilícito de Jaime González Cejas
La Guardia Civil no detectó indicios de enriquecimiento ilícito en Jaime González Cejas por el plan parcial Médano Park.
Un agente de la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil afirmó este martes que no detectó señales llamativas de un aumento del patrimonio personal o de un enriquecimiento ilícito de Jaime González Cejas, alcalde de Granadilla de Abona entre 1991 y 2006, tras la aprobación del plan parcial Médano Park.
La declaración se produjo en la tercera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra el exalcalde socialista y seis concejales de su equipo de gobierno, acusados por la Fiscalía de presunta prevaricación administrativa. El investigador señaló que el informe económico elaborado durante la instrucción no encontró indicios sospechosos o delictivos.
El agente identificó las sociedades vinculadas a González Cejas: Médano Beach Sur S.A., propietaria de las dos parcelas afectadas por el planeamiento, Bimédano S.L. y Asesores Siglo XXI. Según declaró, el exalcalde mantuvo el mismo porcentaje de participaciones en Médano Beach Sur hasta que las vendió. También indicó que cualquier incremento patrimonial habría sido nominal y relacionado con un préstamo bancario para instalar placas fotovoltaicas en su vivienda.
Durante la vista, dos peritos ofrecieron valoraciones diferentes sobre los terrenos incluidos en el plan especial. Uno situó la parcela residencial por encima de 980.000 euros y la de equipamiento comercial por encima de 211.000 euros, mientras que otro defendió que el cálculo debía realizarse por aprovechamiento y mediante el método dinámico, no por edificabilidad.
González Cejas negó haber actuado de forma delictiva y justificó su voto favorable en la Junta de Gobierno Local porque los informes técnicos y jurídicos eran favorables. Explicó que se ausentó del pleno municipal del 29 de septiembre de 2005, cuando se abordó el asunto, para no participar en la votación debido a sus intereses en la sociedad propietaria de los terrenos.
El resto de investigados también defendió que apoyó el planeamiento porque el expediente contaba con informes favorables. La Fiscalía redujo sus peticiones de inhabilitación por dilaciones indebidas muy cualificadas: de diez a cuatro años para González Cejas; de siete a tres para Jorge Fidel Rodríguez, Nicolás Jorge y Ana Casimiro; y de seis a dos años para José Antonio González Cejas, Rufino Acosta y Esther Flores Ventura.
Información elaborada a partir de El Día.