El Ayuntamiento de Güímar plantea pagar casi 400.000 € a FCC sin contrato válido

El Gobierno municipal de Güímar propone reconocer y abonar casi 400.000 euros a FCC Medio Ambiente por los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de mayo, julio y agosto de 2026, pese a las objeciones formuladas por la Intervención municipal. Según el expediente, los gastos se tramitaron sin la fiscalización previa preceptiva y sin un contrato válido que amparase las prestaciones. La propuesta de resolución de la Alcaldía, fechada el 21 de octubre, eleva al Pleno el reconocimiento extrajudicial de los créditos, mientras el órgano fiscalizador cuestiona la legalidad de las obligaciones y plantea iniciar la revisión de oficio de los actos afectados.

El expediente recoge cuatro facturas: 136.324 euros por el servicio de mayo, 130.255 euros por el de julio y otras dos de 62.618 euros cada una, correspondientes a suplementos de recogida de residuos y limpieza viaria de julio y agosto. El gasto cuenta con consignación presupuestaria, aunque, según el informe, esto no subsana las irregularidades advertidas por Intervención.

El informe de Intervención, fechado el 17 de septiembre, sitúa el origen del problema en el contrato suscrito con FCC el 7 de junio de 2006, tras una licitación pública, para la gestión indirecta de ambos servicios. El contrato tenía una duración inicial de diez años, con prórrogas que no podían superar los 15 en total. El Pleno declaró nulo el contrato el 30 de marzo de 2023 y acordó mantener el servicio hasta que un nuevo adjudicatario asumiera su gestión. Intervención considera que esa continuidad, prolongada sin un nuevo contrato válido, no puede mantenerse indefinidamente y concluye que se trata de «una contratación de facto no amparada en precepto legal».

El órgano fiscalizador advierte además de que la ausencia de una licitación ajustada a la Ley de Contratos del Sector Público impide garantizar la transparencia, la igualdad de trato y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Las objeciones alcanzan también a los suplementos, aprobados por contratación directa por 360.000 euros para seis meses, entre noviembre de 2025 y abril de 2026, sin que el expediente justifique suficientemente los precios ni el incremento del 3,3% previsto para 2026. Las actas de conformidad acreditan que los servicios se prestaron, pero no permiten verificar que los importes se ajusten al mercado.

La Concejalía de Hacienda defiende, en su memoria del 20 de septiembre, que el Ayuntamiento debe mantener estos servicios obligatorios y que los precios son acordes al mercado. Sostiene que la Administración no puede beneficiarse de trabajos realizados sin pagarlos, lo que incurriría en un enriquecimiento injusto. Este argumento no resuelve, a juicio de Intervención, las objeciones relativas a la contratación y la fiscalización previa.

El gasto anual por estos servicios alcanzó 1.797.087 euros en 2025. Intervención plantea promover la revisión de oficio de los actos afectados para determinar su nulidad, con dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias. Por su parte, la Alcaldía propone reconocer los 391.817 euros con cargo al presupuesto de 2026. El expediente no acredita que el Pleno haya aprobado todavía la medida ni que las facturas se hayan pagado.

Información elaborada a partir de El Día.