Hondarribia abre hasta el 16 de noviembre las alegaciones a su ordenanza de vivienda protegida

El Ayuntamiento de Hondarribia ha abierto hasta el 16 de noviembre el periodo de alegaciones a la nueva ordenanza municipal destinada a regular las viviendas protegidas y los alojamientos dotacionales. La propuesta pretende establecer criterios comunes y transparentes para la adjudicación y permanencia en estos inmuebles.

El diagnóstico municipal señala que el mercado residencial está provocando la salida de población joven y de hogares con ingresos medios y bajos, debido al esfuerzo económico necesario para afrontar el alquiler o la hipoteca. En Hondarribia, los nuevos contratos de alquiler alcanzaron una media de 835,4 euros en 2024, frente a los 657,1 euros de 2016. Entre 2018 y 2023, los precios del alquiler subieron un 19,7%, según el documento.

La ordenanza regularía aspectos como el empadronamiento, los ingresos y las condiciones para mantener el derecho a una vivienda protegida. El Ayuntamiento también plantea priorizar el alquiler protegido y atender situaciones de vulnerabilidad vinculadas, entre otros casos, a la edad, la discapacidad, la monoparentalidad, las rupturas familiares o la violencia machista.

La propuesta se vincula al nuevo Plan General de Ordenación Urbana, cuya aprobación está prevista para este año y que contempla aproximadamente 703 viviendas de protección social y 242 viviendas tasadas de nueva ejecución. El Consistorio considera necesario coordinar el planeamiento, la gestión de la vivienda y la evolución demográfica para garantizar un acceso real a viviendas protegidas y asequibles.

Según el texto expuesto, actualmente hay 1.552 solicitudes de Hondarribia en Etxebide, con el alquiler como prioridad. El Ayuntamiento también destaca que 35 grandes titulares concentran 307 viviendas en alquiler, el 24,2% del parque arrendado, y plantea que las viviendas vacías o infrautilizadas recuperen su función social.

El documento considera que la aprobación integral de la ordenanza es la alternativa más sólida frente a otras opciones, como un reglamento interno, una regulación parcial, convenios voluntarios con propietarios o ayudas económicas al alquiler. Estas últimas medidas podrían aliviar situaciones urgentes, pero no resolverían, según el Consistorio, los problemas estructurales del mercado ni garantizarían vivienda protegida a largo plazo.

Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.