Condenan a una empresaria de Huelva por cobrar un salario ilegal y falsear las cuentas de su sociedad
La Audiencia de Huelva condena a una administradora de una empresa de iluminación por cobrar un salario no autorizado y falsear las cuentas.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a la administradora única de una empresa de iluminación de eventos y edificios, con sede en un pueblo de la provincia, a un año y once meses de prisión y 4.320 euros de multa. Según la sentencia, consultada por Europa Press, la mujer es autora de los delitos de administración desleal, falsedad en documento mercantil y un delito societario por cobrarse un salario no autorizado y manipular las cuentas de la mercantil.
La resolución le impone también la obligación de indemnizar a la sociedad con 23.000 euros, más los intereses legales, y de rehacer la contabilidad del ejercicio 2015 para eliminar una partida de gastos injustificada de 84.000 euros. La Sala la absuelve, en cambio, del delito de apropiación indebida que también le atribuía la Fiscalía, y le aplica la atenuante simple de dilaciones indebidas por una paralización de tres años durante la instrucción.
Los hechos probados recogen que los estatutos de la compañía establecían que el cargo de administradora era gratuito. Sin embargo, entre febrero de 2014 y diciembre de 2016 la acusada se dio de alta como trabajadora por cuenta ajena y percibió mil euros mensuales sin acuerdo social que lo respaldara: 11.000 euros en 2014 y 12.000 en 2015. Además, en las cuentas de 2015 incluyó como gasto una deuda de 84.000 euros a favor de su padre, propietario del 50% de las participaciones, por trabajos que el tribunal considera no justificados. Según la Sala, esa partida provocó unas pérdidas contables de 81.931 euros y una situación "artificial de insolvencia y causa de disolución".
Para dar apariencia de legalidad, la administradora presentó ante el Registro Mercantil un certificado en el que aseguraba que las cuentas se habían aprobado por unanimidad en una junta celebrada el 30 de junio de 2016. El tribunal sostiene que la junta real tuvo lugar el 27 de junio y que la otra socia, titular del 50% restante, se opuso expresamente a las cuentas por falta de datos, por lo que la acusada simuló el voto favorable de su socia. Además, tras una solicitud de documentación formulada por esa socia en 2018, la administradora guardó silencio durante casi tres años, lo que la sentencia califica de vulneración de los derechos de información y control.
Por estos hechos, la Audiencia le impone un año y tres meses de prisión y ocho meses de multa por administración desleal, ocho meses de prisión y otros ocho de multa por falsedad documental, y una tercera multa de ocho meses por el delito societario, además de tres cuartas partes de las costas procesales. Para los lectores onubenses, el caso es un ejemplo de cómo se controla el gobierno de las pequeñas sociedades familiares de la provincia y de las consecuencias penales de falsear sus cuentas.
Información elaborada a partir de Huelva Información.