El Gobierno detecta 395 hectáreas de riego ilegal en el entorno de Doñana
La CHG inspeccionó 956 hectáreas en el entorno de Doñana y detectó unos 395 hectáreas con riego ilegal durante la campaña 2025/2026.
El Gobierno asegura que no aprecia una expansión significativa del olivar intensivo o superintensivo en el entorno de Doñana durante el último año, aunque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha inspeccionado 956 hectáreas en la zona de influencia del parque nacional.
Las actuaciones, desarrolladas durante la campaña 2025/2026 dentro de los controles del dominio público hidráulico, permitieron identificar aproximadamente 395 hectáreas con riego ilegal. Sobre estas superficies se están llevando a cabo las actuaciones previstas en la normativa vigente.
La respuesta del Ejecutivo se produce tras una pregunta formulada en el Congreso por el Grupo Parlamentario Podemos sobre el impacto del olivar intensivo y superintensivo en el espacio natural de Doñana. El Gobierno precisa que el olivar inspeccionado corresponde mayoritariamente a explotaciones tradicionales y que no se ha detectado una implantación significativa de nuevos modelos intensivos o superintensivos.
Los datos definitivos de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE), correspondientes a 2024, sitúan en 1,704 millones de hectáreas la superficie de olivar de Andalucía. De ellas, 668.478 hectáreas, el 39,2%, se encuentran en regadío, una superficie que aumentó en 21.448 hectáreas, el 3,3%, entre 2023 y 2024.
Por densidad de plantación, el 9,5% del olivar andaluz de regadío supera los 800 árboles por hectárea. Esta categoría creció un 32% en el último año, hasta sumar 15.147 hectáreas más, según ESYRCE. El Gobierno recuerda que el olivar de muy alta densidad requiere condiciones adecuadas de topografía, disponibilidad de agua y concesión para su uso.
La respuesta también señala que las confederaciones hidrográficas actúan ante usos inadecuados del agua o ajustes de dotaciones durante periodos de escasez y que la normativa de la Política Agrícola Común impide destinar ayudas a superficies sancionadas por infracciones de la Ley de Aguas. Las comunidades autónomas tienen las competencias en agricultura y gestión del territorio.
Información elaborada a partir de Huelva Información.