El Supremo confirma la condena a Marcos Martínez por la trama de publicidad de León

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condena a Marcos Martínez a ocho años y medio de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación relacionado con la adjudicación de publicidad institucional en la Diputación de León. La resolución, de 238 folios, pone fin a su carrera política y mantiene también las condenas al exalcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, y al interventor provincial Manuel Jesús López, conocido como 'Suso'.

Martínez, que fue vicepresidente de Isabel Carrasco y asumió la presidencia de la Diputación tras su asesinato en mayo de 2014, dejó posteriormente la Alcaldía de Cuadros. Tras conocer el fallo sobre su último recurso, ha rehusado hacer declaraciones. La sentencia aprecia como atenuante las dilaciones indebidas y le absuelve de fraude a la administración, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

Los hechos probados se remontan a 2012, cuando Alejandro de Pedro contactó con Carrasco para ofrecer servicios de publicidad online a través de las empresas Eico Online Reputation Management y Madiva Editorial y Publicidad. El objetivo era mejorar la reputación de la presidenta de la Diputación mediante anuncios en medios digitales y la difusión de noticias emitidas por el gabinete provincial.

Durante tres años se elaboraron informes mensuales sobre el seguimiento de esas informaciones: 16 durante la etapa de Carrasco y tres después, con Martínez al frente de la institución. Madiva facturó 90.974 euros a la Diputación por los primeros trabajos y 18.150 por los segundos. La sentencia no considera probado que los servicios fueran en beneficio personal de ambos ni que las facturas correspondieran a trabajos no realizados.

Lo que sí queda acreditado es que Martínez y Pedro Vicente Sánchez conocían el procedimiento irregular utilizado para adjudicar la publicidad. Los gastos se tramitaban como urgentes, sin formalizar contratos menores ni solicitar tres ofertas, y las facturas, siempre inferiores a 6.000 euros, eran firmadas por el vicepresidente y dirigidas al interventor. El fallo considera que este sistema evitaba una contratación más abierta y un control más riguroso.

Tras la muerte de Carrasco, la sentencia también analiza encargos vinculados a la estación de San Isidro y a la explotación de varias instalaciones. Martínez y De Pedro impulsaron un proyecto de revitalización de la estación que nunca se ejecutó y por el que se pagaron 4.437 euros. Además, se facilitaron a una empresa de confianza los pliegos para las cafeterías El Rebeco y Salencias y el hostal Pico Agujas, aunque las modificaciones fueron consideradas contrarias a la normativa y no llegaron a aprobarse antes de la detención de Martínez, el 27 de octubre de 2014.

Información elaborada a partir de Leonoticias.