La familia de una víctima del doble crimen de Librilla sigue sin la autopsia

La familia de Jean Mirabeau Ngoho, una de las víctimas del doble crimen de Librilla, continúa sin disponer de la autopsia definitiva 22 meses después de su desaparición. Su expareja, Noemí, ha viajado de nuevo desde Madrid al Instituto de Medicina Legal y al Juzgado de Instrucción número 4 de Totana para intentar obtener el documento que permita tramitar el certificado de defunción.

El cadáver de Ngoho fue localizado en mayo de 2025, pero la ausencia del informe definitivo impide, según explica Noemí, gestionar la prestación de orfandad para su hijo, de 14 años, y realizar determinados trámites médicos, escolares y de documentación. La mujer asegura que recibe respuestas que apuntan a que la documentación estará disponible en dos semanas, aunque sin una fecha concreta.

«Hasta mi hijo ya me pregunta: “Mamá, ¿te han dado el papel de papá?”», relata Noemí, quien afirma que padece epilepsia, sufrió un trombo en una pierna y tiene a su cargo a su madre, dependiente. La familia vive, según señala, de la pensión de viudedad de su madre, mientras el menor recibe atención psicológica por la pérdida de su padre.

El abogado de Noemí, Valentín Fernández, del despacho Legamur, sostiene que ha presentado varios escritos ante el juzgado para impulsar el procedimiento. Según explica, el órgano judicial ha pedido al Instituto de Medicina Legal que agilice las actuaciones, mientras que las familias reciben indicaciones cruzadas sobre quién debe impulsar el trámite.

Fernández afirma que la falta de la autopsia definitiva también mantiene paralizada la causa, ya que impide al fiscal y a las acusaciones particulares calificar los hechos. El letrado asegura además que son tres las familias de las víctimas que siguen sin certificados de defunción y que no han podido darles sepultura.

Jean Mirabeau Ngoho y Siaka Coulibaly desaparecieron en diciembre de 2024 tras acudir a una nave de la empresa Porkytrans, en Librilla, por una supuesta operación comercial. La Guardia Civil encontró sus cadáveres descuartizados y ocultos en un depósito de aceite usado en mayo de 2025. Dos de los principales investigados, un empresario y su sobrino, reconocieron haber causado las muertes, aunque alegan defensa propia; la acusación particular sostiene que pudo tratarse de un asesinato premeditado. Ambos participaron el 28 de abril de 2026 en una reconstrucción judicial en la nave.

Información elaborada a partir de La Opinión de Murcia.