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Miércoles, 28 de octubre de 2026 Edición Los Llanos de Aridane · Santa Cruz de Tenerife
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Política

El 'Decreto Canarias' aprobado con ayudas para La Palma y 600 millones del superávit

El Consejo de Ministros aprueba el Decreto Canarias: bonificación del 60% del IRPF para La Palma, 100 millones para agricultores y 600 millones del superávit para Canarias.

Redacción · Los Llanos de Aridane 2 min de lectura

El Consejo de Ministros ha aprobado el denominado 'Decreto Canarias', una norma que incluye medidas fiscales y económicas para la reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica. Entre ellas figura la bonificación del 60% del IRPF para los residentes entre 2022 y 2026, así como una partida de 100 millones de euros destinada a cubrir la pérdida de rentabilidad de agricultores y ganaderos y a la construcción de obras.

El decreto fue expuesto en rueda de prensa por el ministro de Hacienda, Arcadi España, y por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Según explicaron, la norma contempla una moratoria para los agricultores de los tres municipios afectados por la erupción: Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, que hubieran solicitado préstamos.

Asimismo, el decreto establece que no se computen las subvenciones del Posei para fijar los rendimientos netos de los autónomos, de modo que se aplicarán los ingresos de 2019 y no los de 2020.

Otra de las medidas afecta a todo el archipiélago. Junto a otras siete comunidades autónomas, Canarias podrá utilizar 600 millones de euros del superávit de 2025 en inversiones sostenibles para 2026 y 2027, como las relacionadas con la vivienda. La medida se aplica a las comunidades con una deuda inferior al 12,4% de su PIB a cierre de 2025, que podrán destinar estos excedentes a inversiones que no computan en la regla de gasto, en lugar de destinarlos a reducir deuda.

En conjunto, las ocho comunidades beneficiadas (Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Illes Balears, Cantabria y Galicia) podrán destinar más de 4.000 millones de euros de superávit presupuestario a inversiones para reforzar los servicios públicos. Para acogerse a esta regla, las administraciones deberán cumplir con el periodo medio de pago a proveedores previsto en la normativa sobre morosidad.

Fuente Elaborado por la redacción a partir de Europa Press · Ver original

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