El TSJ de Canarias indemniza con 15.000 euros a una funcionaria por sobrecarga laboral
El TSJ de Canarias condena al INSS a pagar 15.000 euros a una funcionaria por daños morales ligados a una sobrecarga laboral.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a indemnizar con 15.000 euros por daños morales a una funcionaria de un centro de atención de Santa Cruz de La Palma. La sentencia, fechada el 19 de mayo de 2026, considera vulnerado su derecho a la vida y a la integridad física y moral por incumplimientos en la prevención de riesgos psicosociales.
La empleada, gestora jefe en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), había advertido de que las agendas impedían atender a los ciudadanos con la dedicación necesaria. En diciembre de 2022 escribió a su superiora: «Es imposible mantener este ritmo de trabajo sin caer enferma».
Según sus comunicaciones, la oficina tenía dificultades para compaginar las citas presenciales y telefónicas. En una semana de noviembre de 2022 solo había tres funcionarias disponibles, y cada empleada debía atender entre 18 y 21 visitas presenciales. En enero de 2023 reclamó el abono o la compensación de una hora y media de trabajo adicional.
La Administración defendió que la trabajadora desatendía deliberadamente algunas llamadas, mientras que ella alegó que la falta de personal y las ausencias imprevistas impedían completar las agendas. La demanda fue desestimada inicialmente por el Juzgado de lo Social número 4 de Santa Cruz de Tenerife, pero el TSJ de Canarias ha revocado esa decisión.
La evaluación de riesgos de 2023 calificó como «muy elevado» el riesgo por carga de trabajo y estrés mental. El tribunal reprocha que las medidas preventivas no se aplicaran de forma real y eficaz, pese a las reclamaciones y a la existencia de un riesgo conocido. Un informe pericial de noviembre de 2024 describió síntomas compatibles con daño psicológico y la necesidad de tratamiento continuado.
La resolución también obliga al INSS a adoptar las medidas preventivas correspondientes. Contra el fallo cabe recurso de casación para la unificación de doctrina. El caso puede resultar de interés en Málaga por afectar a la organización de la atención presencial y telefónica de la Seguridad Social, aunque los hechos se produjeron en Canarias.
Información elaborada a partir de Diario Sur.