Indemnizan con 7.501 euros a un vigilante del edificio de Urbanismo de Málaga por represalias sindicales

Un vigilante del edificio municipal del paseo de Antonio Machado, sede de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, ha sido indemnizado con 7.501 euros por daños morales tras una sentencia firme del Juzgado de lo Social número 11 de Málaga. El fallo declara probado que la empresa Secoex, contratada por el Consistorio para la seguridad del inmueble hasta el año pasado, vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva del trabajador, José Antonio Sánchez Molina, en su vertiente de garantía de indemnidad, es decir, por tomar represalias contra él por defender sus derechos.

Sánchez Molina es presidente de la Asociación Marea Negra, que agrupa a unos ochocientos profesionales de la vigilancia de seguridad, escoltas privados, detectives y guardas rurales, y también forma parte del comité de empresa. La resolución judicial recoge como hechos probados que la compañía reaccionó con represalias a su actividad, entre ellas que la asociación denunció a Secoex ante la Diputación de Cáceres por supuestos casos de intrusismo.

Entre las medidas destacadas por el juzgado figura el retraso de más de un año y cuatro meses en cumplir una sentencia de 2023 que le reconocía la categoría salarial de coordinador del servicio, así como la falta de encomienda de las funciones propias de esa categoría. El tribunal apreció en parte la prescripción planteada por la empresa, fijó en un año el plazo para juzgar las conductas y descartó los hechos anteriores a junio de 2024. También desestimó la alegación de vulneración del principio de igualdad al no concretarse una causa discriminatoria prohibida por la ley.

El trabajador explica el impacto que ha sufrido: «Todo ese esfuerzo que yo hacía en pos de defender los derechos de los trabajadores, para ellos era un ataque a la propia empresa y se defendieron atacándome a mí». Según relata, se le impidió hacer horas extraordinarias mientras sus compañeros sí las realizaban, y se dieron órdenes para que no le dirigieran la palabra: «buscando que fuera aquí un cero a la izquierda». Añade que la presión le provocó ansiedad y que necesitó atención psiquiátrica y psicológica, informes que fundamentaron la demanda.

Aunque la empresa ya ha abonado la cuantía fijada, Sánchez Molina ha presentado la sentencia ante la Inspección de Trabajo para que valore una posible sanción administrativa y ha remitido el informe a la Unidad Central de Seguridad Privada. Además, reclama a la contrata posterior una deuda de 14.800 euros por cuatro meses sin cobrar.

Información elaborada a partir de Diario Sur.