Un registrador de Málaga rechaza una escritura hipotecaria redactada en catalán y Seguridad Jurídica respalda la decisió
El registro de la propiedad nº 10 de Málaga rechazó una hipoteca redactada en catalán. Seguridad Jurídica confirma que los asientos deben hacerse en castellano
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, ha desestimado el recurso de un notario de Esplugas de Llobregat (Barcelona) y ha confirmado la negativa del Registro de la Propiedad número 10 de Málaga a practicar el asiento de presentación de una escritura de préstamo hipotecario redactada en catalán. La resolución, fechada el 1 de junio y publicada en el BOE el pasado 14 de octubre, concluye que los asientos deben redactarse en castellano en Andalucía y que el registro no está obligado a conocer ni a traducir documentos escritos en las lenguas cooficiales de otras comunidades.
El caso se remonta al 14 de mayo, cuando llegó al registro malagueño una escritura autorizada una semana antes por el notario. Ese mismo día, el registrador rechazó su presentación alegando que «el título aportado está elaborado en lengua no oficial en la Comunidad Autónoma Andaluza», según recoge la resolución.
El notario sostenía que la ley Hipotecaria solo permite denegar el asiento de presentación en tres supuestos: que el documento no sea un título inscribible, que su contenido sea incompleto o que se refiera a una finca para la que el registro sea manifiestamente incompetente. «Las causas de denegación del asiento de presentación son tasadas y de interpretación estricta. La lengua del documento no es ninguna de ellas», alegó. Según su reclamación, cualquier problema de idioma debía abordarse después, en la fase de calificación, una vez asegurada la prioridad de la escritura, algo especialmente relevante en una hipoteca.
La Dirección General reconoce la importancia de esa prioridad registral, pero confirma el rechazo a partir del régimen de oficialidad de las lenguas: el castellano es oficial en todo el Estado y en Andalucía es la lengua oficial. De ahí deduce que los asientos de los registros de la propiedad de esta comunidad, incluido el de presentación, deben redactarse en español.
La resolución admite que la normativa hipotecaria no prevé expresamente qué hacer con documentos autorizados en Cataluña que deban inscribirse en Andalucía, y recurre a las reglas de traducción de la legislación procesal y administrativa. Si el registrador conoce la lengua del documento, puede traducirlo bajo su responsabilidad; si no la conoce, corresponde al notario aportar la traducción. El BOE recoge que el registro de destino «no está obligado a conocer y traducir los documentos redactados en la lengua cooficial de las demás comunidades autónomas».
Información elaborada a partir de Diario Sur.