El reparto de la energía de Andorra abre una oportunidad para proyectos cercanos
El reparto de 937 MW renovables de Andorra permitirá ubicar hasta un 40% de las instalaciones en municipios limítrofes con la zona de transición justa.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado el procedimiento para repartir los 937 megavatios (MW) de capacidad renovable que quedaron libres tras el recorte ambiental aplicado al proyecto de Endesa en el nudo Mudéjar de Andorra. La convocatoria también puede afectar a promotores de municipios próximos a Mara, ya que el borrador permite situar hasta el 40% de las instalaciones en localidades limítrofes con la zona de transición justa.
Entre los interesados figura el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), impulsor de la planta de hidrógeno verde Catalina, prevista en Andorra. Fuentes próximas al fondo confirman que busca obtener «más capacidad de conexión», algo que, según esas mismas fuentes, aportaría «mayor solidez y madurez» al proyecto y ayudaría a acelerar su desarrollo.
CIP ya participó hace cuatro años, junto con Naturgy, Enagás, Fertiberia y Vestas, en el concurso del nudo Mudéjar, que finalmente ganó Endesa con los 1.200 MW en liza. La eléctrica ha perdido después dos terceras partes de esa capacidad al no superar el filtro ambiental.
El proyecto Catalina mantiene varios trámites pendientes. El Ministerio debe resolver los permisos ambientales de sus instalaciones renovables antes de final de año; el Gobierno de Aragón tramita la autorización ambiental de la planta de hidrógeno, prevista entre octubre y noviembre, y la Confederación Hidrográfica del Ebro debe conceder el agua, también antes de terminar 2026.
La modificación del límite territorial puede ampliar el espacio disponible para parques eólicos, plantas solares o baterías en municipios cercanos a Andorra, aunque los compromisos de empleo, formación, autoconsumo e inversión seguirán vinculados a las localidades directamente afectadas por el cierre de la térmica. El Instituto para la Transición Justa prevé aprobar la orden antes de final de año y que las primeras adjudicaciones lleguen en primavera de 2027.
Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.