La Junta aprueba 7 millones para 27 municipios granadinos afectados por los seísmos
La Junta aprueba 7 millones para 27 municipios de Granada, entre ellos Maracena, afectados por la serie sísmica de agosto y septiembre de 2026.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado ayudas por importe de siete millones de euros para 27 municipios de la provincia de Granada afectados por la serie sísmica registrada entre el 14 de agosto y el 7 de septiembre de 2026. El objetivo es colaborar en la recuperación de infraestructuras, instalaciones y recursos municipales dañados.
Entre los beneficiarios figura Maracena, que forma parte de la lista de localidades que recibirán fondos junto a la capital granadina, que será la que más recursos obtenga, con 2,6 millones de euros, seguida de Churriana de la Vega, con 657.138,27 euros. El resto de municipios incluidos son Villa de Otura, Armilla, Las Gabias, Ogíjares, Santa Fe, Vegas del Genil, Alhendín, Cogollos de la Vega, Gójar, La Zubia, Dílar, Beas de Granada, Albolote, Huétor Vega, Cúllar Vega, Atarfe, Otívar, Lecrín, Escúzar, Trevélez, Nigüelas, Chauchina, Cenes de la Vega y Moclín.
Las ayudas se enmarcan en el Decreto 277/2023, que regula el apoyo de la Junta a las entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos y emergencias de protección civil. Esta medida da continuidad al acuerdo del 8 de septiembre de 2026, por el que el Consejo de Gobierno declaró la situación excepcional tras el episodio sísmico en distintos puntos de la provincia.
Los ayuntamientos beneficiarios podrán solicitar las subvenciones mediante una única solicitud en el plazo de diez días desde la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La tramitación y resolución corresponderá a la Secretaría General de Administración Local de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.
Las cuantías se han calculado a partir de un informe de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Agencia de Emergencias de Andalucía, basado en la valoración de daños remitida por los municipios y en criterios objetivos como la población, la superficie, el número de incidencias, la peligrosidad del fenómeno y el coste económico de los daños.