Marbella actualiza 15 normas urbanísticas para atraer inversiones y empleo
Marbella modifica 15 normas urbanísticas para flexibilizar usos, impulsar inversiones y facilitar la modernización de industrias, hoteles y edificios.
El Ayuntamiento de Marbella ha aprobado en Junta de Gobierno Local la modificación de 15 normas urbanísticas para flexibilizar los usos del suelo, facilitar nuevas inversiones y adaptar la regulación a las necesidades actuales de los sectores productivos. El Consistorio prevé que el paquete pueda entrar en vigor en 2027, tras completar su tramitación.
La propuesta afecta a los ámbitos industrial, comercial, hotelero y dotacional. En los polígonos se ampliarán los usos compatibles, se podrán incorporar entreplantas y aprovechar determinadas plantas sótano y de cubierta, sin que necesariamente aumente la edificabilidad total. Además, la altura máxima de algunas naves logísticas subirá de 10 a 14 metros.
En las zonas comerciales se permitirá utilizar sótanos para actividades comerciales. Para los hoteles, el Ayuntamiento plantea elevar hasta un 10% la edificabilidad en determinadas actuaciones y contempla, cuando se cumplan los requisitos, una planta adicional y un mayor aprovechamiento de cubiertas y sótanos.
La reforma también incluye cambios en los cascos históricos. En San Pedro Alcántara, el ámbito C2 podrá configurarse con planta baja y dos alturas, con la posibilidad de añadir ático en los términos previstos. En determinadas zonas del ámbito C1 de Marbella se permitirá igualmente una planta más, aunque quedarán excluidos los espacios que requieran una protección específica por sus características o valor patrimonial.
Asimismo, se propone elevar del 20% al 30% la edificabilidad para determinados usos complementarios en zonas verdes públicas y permitir aparcamientos subterráneos en algunas zonas verdes privadas. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha defendido que la actualización debe favorecer la actividad económica, la rehabilitación y la generación de empleo.
El documento se publicará y se remitirá al órgano ambiental para iniciar la evaluación correspondiente. Después deberá superar otros informes, periodos de información pública y posibles alegaciones, además de los trámites sectoriales y patrimoniales que procedan. La iniciativa se desarrollará en paralelo al PGOM y al futuro POU.
Información elaborada a partir de Diario Sur.