Un jubilado de Marbella reclama a Muface financiar su tratamiento contra la leucemia
Un jubilado de Marbella con leucemia reclama pasar a la sanidad pública tras el rechazo de Muface a financiar su tratamiento combinado.
Rafael García Conde, un profesor jubilado de 74 años y vecino de Marbella, ha pedido pasar al sistema sanitario público después de que Muface rechazara financiar en los términos prescritos una combinación de tres fármacos para tratar su leucemia mieloide aguda en recaída.
El tratamiento indicado por un hospital privado de Málaga incluye azacitidina, venetoclax y gilteritinib. La mutualidad sostiene que el gilteritinib sí está financiado en monoterapia para este supuesto, pero no ha autorizado la combinación solicitada. Según la resolución, el venetoclax está indicado, junto a un agente hipometilante, para casos de nuevo diagnóstico y no para una leucemia en recaída.
Conde, afiliado a Muface desde hace 40 años, fue diagnosticado en septiembre de 2025. Una prueba de médula confirmó una remisión completa el 6 de abril de 2026, pero el 18 de agosto se detectó una recaída. Tras sufrir una sepsis, una alteración hepática y un embolismo séptico pulmonar, se descartó el trasplante de médula por su edad, sus comorbilidades y su fragilidad.
El paciente ingresó el 14 de septiembre para iniciar un tratamiento de rescate. «Me sorprendí mucho cuando MUFACE no me autoriza dos de ellos, porque sí los están autorizando en Carlos Haya», afirma en referencia al Hospital Regional Universitario de Málaga. Según explica, el coste que tendría que asumir ronda los 1.700 euros cada tres meses.
El 18 de septiembre solicitó un cambio extraordinario al Instituto Nacional de la Seguridad Social por razones médico-hospitalarias. Asegura que todavía no ha recibido respuesta y reclama que el trámite se resuelva con rapidez debido a la gravedad de su enfermedad.
Fuentes de Muface han señalado que el expediente está en tramitación y que sus servicios técnicos lo resuelven «con la mayor agilidad posible». La mutualidad añade que no desautoriza la prescripción médica ni impide la dispensación, pero advierte de que la prescripción no implica necesariamente su financiación con fondos públicos.
Información elaborada a partir de Diario Sur.