Canarias retira su macrogranja de pulpos mientras crece el debate en Moaña
La retirada de una macrogranja de pulpos en Canarias reabre el debate sobre el proyecto experimental de A Borna, en Moaña.
El proyecto para construir la primera granja comercial de pulpos del mundo en el Puerto de Las Palmas ha sido retirado oficialmente, después de cinco años de tramitación y debate científico, ambiental y social. La Autoridad Portuaria de Las Palmas archivó el expediente tras la decisión de la empresa, que atribuyó el desistimiento a la evolución del procedimiento y a los nuevos requisitos ambientales.
La retirada de la iniciativa canaria ha vuelto a situar el foco en Galicia, y especialmente en Moaña. Desde enero de 2025, un grupo pesquero dispone de una autorización por diez años renovables para instalar un criadero experimental de pulpo común en la playa de A Borna, en colaboración con el CSIC.
El objetivo declarado de este proyecto moañés es avanzar hacia una producción industrial en un plazo de cinco años. Organizaciones como AnimaNaturalis y PACMA cuestionan su viabilidad ambiental y ética, y sostienen que la documentación recoge tasas de mortalidad larvaria de entre el 50% y el 80%.
Las entidades críticas también alertan de que la instalación se situaría a menos de un kilómetro de la Zona de Especial Conservación de la Ensenada de San Simón. PACMA ha anunciado que estudia recurrir la autorización por vía administrativa y judicial.
El debate también ha llegado al Congreso de los Diputados, donde avanza una Proposición de Ley para prohibir expresamente la cría intensiva de pulpos en España. La iniciativa plantea modificar la Ley de Cultivos Marinos y se apoya, según sus promotores, en el principio de precaución y en estudios sobre la inteligencia, sensibilidad y comportamiento de estos animales.
La retirada del proyecto de Gran Canaria no implica que la empresa abandone definitivamente la investigación sobre el cultivo de pulpos, ya que ha dejado abierta esa posibilidad si cambian las circunstancias regulatorias o tecnológicas. Mientras tanto, las organizaciones contrarias a la acuicultura intensiva reclaman una prohibición estatal que evite nuevas iniciativas en Galicia o en otros puntos de la costa.