El debate sobre las granjas de pulpos llega a Moaña con el proyecto de A Borna

La retirada de la primera macrogranja comercial de pulpos del mundo, proyectada en el Puerto de Las Palmas (Gran Canaria), ha reabierto el debate sobre la cría intensiva de cefalópodos. La solicitud, iniciada en 2021, fue desistida oficialmente a finales de julio tras la exigencia de someter el proyecto a una evaluación ambiental ordinaria, y la Autoridad Portuaria procedió al archivo del expediente.

El foco se ha trasladado ahora a Galicia. Desde enero de 2025, un grupo pesquero cuenta con una autorización, por diez años renovables, para instalar un criadero experimental de pulpo común (Octopus vulgaris) en la playa de A Borna, en Moaña. El proyecto, desarrollado en colaboración con el CSIC, tiene como objetivo declarado escalar a producción industrial en un plazo de cinco años.

Las organizaciones AnimaNaturalis y PACMA sostienen que la propia documentación del proyecto reconoce tasas de mortalidad larvaria de entre el 50% y el 80%, y señalan que la instalación se encuentra a menos de un kilómetro de la Zona de Especial Conservación de la Ensenada de San Simón. PACMA ha anunciado que estudia recurrir la autorización por vía administrativa y judicial.

En paralelo, en el Congreso de los Diputados avanza una Proposición de Ley que pretende modificar la Ley 23/1984 de Cultivos Marinos para prohibir expresamente la cría intensiva de pulpos en España. La iniciativa, respaldada por la asociación de juristas INTERCIDS y admitida a trámite, se apoya en el principio de precaución y en estudios científicos que destacan la capacidad cognitiva y la sensibilidad de estos animales, así como su carácter generalmente solitario y territorial, aspectos que dificultan su producción en cautividad.

El debate tiene también alcance internacional: Chile, México y los estados de California y Washington ya han aprobado restricciones similares, y en Colombia se ha presentado un proyecto de ley en esa misma línea. Para los promotores de la prohibición, la retirada del proyecto canario no cierra el asunto, ya que mientras no exista una norma estatal podrían plantearse nuevas iniciativas en la costa gallega o en cualquier otro punto del país.